La cucaracha, la cucaracha...

Por: Héctor Abad Faciolince 

Recuerdo como si fuera hoy cuando una de mis 15 hermanas llegó a mi casa como loca a las seis de la mañana. Le temblaban las orejas, tenía el pellejo erizado y los ojos rojos de haber llorado toda la noche.

Pensé que el marido la había amenazado con el cuchillo de la carne. Pero no. “Tengo que hablarte de...” y aquí dijo el nombre de uno de mis sobrinos, que pudo ser Cami o Riqui, en fin, algún hipocorístico con i de los que ponen a sus hijos las familias antioqueñas. Resultaba que ella había descubierto que Cami (o Chiqui o Juanchi o todos juntos) estaba fumando mucha marihuana. “¿Eso es todo?”, le pregunté. “¿Y te parece poco?”, gritó. Le dije que era una bobada, que lo dejara fumar tranquilo. 

Han pasado 20 años y desde entonces Cami (o Pachi o Dani) no ha dejado de meter marihuana, lo cual no le ha impedido ser Ph.D. en matemáticas, resolver problemas y dar clases en las más prestigiosas universidades; o hacer microcirugías perfectas de los párpados; o ser el mejor jugador colombiano de polo; o manejar plata ajena en los bancos sin robarse ni un peso; o cocinar la mejor cerveza del país, que alguna cosa de esas es la que hace mi sobrino marihuanero. 

Resulta que la mitad del problema de la marihuana es el escándalo, el moralismo ridículo de los republicanos gringos y los godos locales. El otro día Klaus Ziegler —gran columnista— comparaba los efectos dañinos de las distintas sustancias recreativas que usamos para alterar nuestra percepción. Resumiendo hallazgos científicos concluía que la marihuana era mucho menos adictiva, menos dañina para terceros y representaba menos daños al consumidor que el alcohol o el tabaco, esas drogas tan aceptadas que hasta las dan en misa y las sirven en los homenajes al procurador. Dirán que el que empieza en marihuana sigue con heroína y acaba atracando en la calle; pues no, así como el que toma vino no sigue con ron, luego con ajenjo y termina tomándose la loción del papá. Lo que puede pasar en casos excepcionales no puede ponerse como regla. Incluso a la larga, la marihuana hace menos daño que el trago. 

En las últimas semanas he estado encerrado en un retiro para escritores que hay en las afueras de Florencia, en Italia, al que invitan a escritores de todo el mundo. Uno de mis compañeros de esta temporada es el gran explorador y antropólogo canadiense Wade Davis, que viaja siempre, adonde quiera que vaya, con una provisión de hojas de coca y las va mezclando en su boca con un polvito blanco que lleva en un poporo de la Sierra Nevada y que es simplemente bicarbonato de sodio. A veces me regala, para hacerme caminar más rápido, y me ha recomendado que para liberarme de todas las angustias de la escritura, consuma siempre buenas cantidades de estas hojas apelmazadas en el carrillo, mezcladas con bicarbonato. Sin ellas, asegura, él no habría podido escribir ninguno de sus libros, que han vendido centenares de miles de ejemplares. Davis defiende la legalización de la marihuana. 

Todo esto viene a cuento porque esta semana se hará la Marcha Mundial por la Marihuana, que invita a todos los consumidores de cannabis a salir del clóset, a que declaren que ellos son tan normales como los consumidores de vino o de aspirinas. En Bogotá van a marchar por el derecho a consumir libremente cannabis el próximo 4 de mayo y saldrán a las 11 a.m. del Planetario. Aunque su afiche está desenfocado, pues representa a un muchacho medio salvaje, de gafas oscuras de paraco y uñas verdes, y lo que debería haber es un gerente de corbata, o un profesor de física, creo que quienes a veces fumamos marihuana y no por eso somos locos ni cretinos, debemos apoyar a estos muchachos.

08 abril 2013

¿Por qué el uribismo le teme a la paz? 

Por Juan Diego Restrepo E.

* OPINIÓN Una nación en paz es inconveniente para esa corriente política. Su pensamiento militarista no concibe otro mundo que el de la guerra. ¿Hasta cuándo tendremos que soportarlo? . 

La mejor manera de contrarrestar el discurso a favor de la guerra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus seguidores es firmar unos acuerdos de paz, sólidos y duraderos, con las guerrillas de las Farc y el Eln. De esa manera se desactivaría su “enemigo”, aquel que tanto le da valor para recha zar las conversaciones en La Habana, Cuba, instigar a los colombianos para no apoyarlas y perpetuar la confrontación armada.

La actitud belicista de Uribe Vélez tiene su origen en la venganza. A su padre lo mataron, supuestamente, facciones de las Farc. Desde ese momento se convirtió en una obsesión esa organización insurgente y todos aquellos que, arbitraria e ilegalmente, considera sus apoyos. Ese ánimo revanchista, que lo asumen sus seguidores y se apalanca en los diversos fracasos de los acercamientos de paz entre algunos gobiernos con ese grupo armado, tiene de fondo una razón concreta: la destrucción del “enemigo”. 

Y las estrategias de eliminación de ese otro que se considera “enemigo” es quizá lo que le gusta al Uribismo, en tanto crean escenarios donde no opera el Estado de Derecho sino la excepción a las normas, en las que priman la hegemonía de las instituciones castrenses, las violaciones de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción. Las evidencias son claras cuando se revisan las actuaciones y discursos de Uribe Vélez durante sus periodos como Gobernador de Antioquia (1995 – 1997) y Presidente de la República (2002 – 2006 y 2006 - 2010).

La defensa que constantemente hace Uribe Vélez del estamento policial y militar, sus “soldados de la patria”, es una manera de reforzar la militarización de la conciencia ciudadana ante una sociedad “amenazada” por la insurgencia armada que, paradójicamente, las propias autoridades la presentan cada vez más débil. El miedo entonces es su principal arma y con ella cautiva a buena parte del electorado. Una vez se alcance una paz sólida y duradera, perderá sustento la doctrina guerrerista del Uribismo. 

Pero la paz no solo deslegitimaría ese pensamiento, también daría pie para cambiar las lógicas presupuestales y jurídicas del estamento castrense. En la guerra, son los que mayores privilegios tienen. En nuestro país pobre, el incremento en defensa, año a año, ha llegado a niveles exorbitantes, lo que hace que altos oficiales vivan en sus cuarteles en medio de grandes comodidades y codeándose con las altas clases sociales de las ciudades. 

Lo interesante de una nación en paz es que los billonarios recursos destinados a la defensa nacional pasarían a otras carteras, con lo que se podría lograr una mayor inversión para atacar los grandes problemas sociales que tiene el país. Cambiaría entonces la lógica presupuestal de manera sustancial. En tiempos de paz las Fuerzas Armadas deberán reducirse, por lo tanto sus gastos también, y lo que les dolerá más aún, llegarán a su fin los privilegios. En esa ecuación, subyacen varios motivos de peso para que sectores belicosos, como el Uribismo, odien la paz. La guerra es su negocio. 

Uno de los aspectos que más se ha visto afectado durante los años de guerra en este país es el de la justicia. La impunidad, sobre todo para aquellos delitos cometidos por sectores del Estado y por agentes paraestatales, ha sido garantizada para acabar con el “enemigo”, representado tanto en aquellos de la izquierda civilista como la armada. 

Al momento de someterse a la Ley de Justicia y Paz, muchos paramilitares no tenían procesos pendientes con la justicia, fue a través de sus confesiones que se abrieron expedientes sobre decenas de crímenes. Lo paradójico es que el Uribismo alega que al proceso con las Farc lo rodea la impunidad. Ya lo ha dicho uno de sus máximos exponentes, Francisco Santos: “No acepto un proceso de paz con impunidad”.

¿Y acaso la impunidad no fue la garantía para que las fuerzas paramilitares actuaran a sus anchas en el país? ¿Y no se sacrificó una porción de justicia para lograr leyes que permitieran su desmovilización, reflejadas en la pena alternativa de 5 a 8 años? ¿Y por qué sí tuvimos que aceptar un proceso con tales garantías con los paramilitares? 

Es curioso cómo el Uribismo ataca el proceso de paz aludiendo a las víctimas de la guerrilla. Vuelvo a las palabras de Francisco Santos: “No acepto un proceso de paz en el que las víctimas no sean el centro prioritario de la negociación”. ¿Y acaso las víctimas del paramilitarismo pasaron por Santa Fe de Ralito y se sentaron a la mesa con el Estado Mayor de las AUC? ¿Durante el proceso de negociación con los jefes paramilitares se contempló su asistencia y participación? Es interesante que los uribistas expongan sus ideas sobre el proceso de paz en La Habana y expresen sus miedos. Cada frase que digan podrá usarse en su contra; muchas de ellas conducen a revisar sus actuaciones, en las que se siente el olor a pólvora. Para ellos, la guerra se convirtió en un sistema alrededor del cual debemos girar eternamente, por eso la alimentan, deslegitimando cualquier iniciativa que vaya en contra de su superación. ¿Es eso justo con un país que busca ser más incluyente y próspero? 

En el odio del Uribismo hacia la paz que se intenta gestar con las Farc, y espero que, posteriormente, con el Eln, subyace una apuesta por la destrucción total del “enemigo”, menospreciando la Constitución Política que, en su artículo 22, consagra que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; además, el parágrafo 6 del artículo 95 establece que son deberes de la persona y el ciudadano “propender al logro y mantenimiento de la paz”. 

La paz es un imperativo en estos momentos de negociación; lo urgente es hacer pedagogía, para que el país entienda el proceso con las Farc y no se deje llevar por cantos de sirena que invitan a la guerra. El miedo del Uribismo no puede convertirse en una bandera nacional.

Desgobiernos!

Sanandresito del alma
Por: JUAN ESTEBAN CONSTAíN | 6:09 p.m. | 21 de Noviembre de 2012

"Se trata, sin embargo, de una añeja risueña tradición política colombiana. Quizás la más antigua y depurada de todas, perder territorio."

Estoy muy de acuerdo con quienes dicen que, ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el litigio entre Colombia y Nicaragua, no cabe ya apelar al discurso patriotero ni al nacionalismo barato.

Además porque todo nacionalismo es barato, y lo barato sale caro. Y eso lo sabemos de sobra aquí, en este país centavero y michicato que se ha pasado la vida, con la mano estirada y batiente, pidiendo que lo lleven a mil pesos por la puerta de atrás. Y así le va, así nos va. Además porque el problema en este caso de San Andrés y las islas y los cayos y todo eso -la plataforma continental, los islotes, el meridiano 82, los enclaves, la soledad-, el problema no ha sido el pleito mismo ni el fallo ni la discusión jurídica o histórica sobre la soberanía colombiana en esas aguas del Caribe, sino el abandono ancestral de "todo eso" por parte del Estado colombiano. La indolencia de la sociedad, la negligencia de los gobiernos sucesivos. La soberanía es algo que se ejerce todos los días, no solo cuando se pierde. 

Se trata, sin embargo, de una añeja y risueña tradición política colombiana. Quizás la más antigua y depurada de todas, perder territorio, prodigarnos como borracho de feria en lo que se refiere a nuestras fronteras. Nos fascina. Y repito: el tema no es lo que perdemos en sí mismo, como si esto hubiera sido alguna vez un gran imperio. No. El tema es que detrás de cada pérdida despunta siempre un reflejo terrible de lo que somos. Como país, como sociedad. 

Quizás lo que hemos dejado perder los colombianos en nuestra historia habla más de nosotros mismos que lo que pudimos conservar; esa de allá afuera también es Colombia, lo fue un día y por serlo ya no lo es. No nos la quitaron: la perdimos, que es mucho peor. Y hablo no sólo del territorio, que ya sería mucho decir, sino también de la vida en general. De la cultura, del progreso. En el siglo XIX aquí, por ejemplo, había trenes: hoy quedan los rieles, ya oxidados e inútiles, por los que pasaban; esos rieles son un reproche y una metáfora, somos nosotros. 

Quiero insistir en ello para que nadie me malinterprete: no se trata de recordar nuestra historia con dureza y torpeza, lacerándonos felices con el fracaso, omitiendo con saña nuestros triunfos. Pero es que perder no es lo grave sino cómo se pierde. Dicen que el día que llegó a Bogotá la noticia de la pérdida de Panamá, el presidente de entonces, Marroquín, recibió la visita del General Ospina. Le dijo: "General: esta mañana tuve la contrariedad de Panamá, pero la compenso con esta su visita...". Cómase usted otro pandeyuca, seguro añadió. 

Voy a abrir al azar libros viejos sobre Colombia, todos del siglo XIX. En la séptima edición de la Enciclopedia Británica, 1837, nuestro territorio era de 2'116.000 kilómetros cuadrados. En Los Estados Unidos de Colombia, de Ricardo Pereira, 1883, la extensión ya bajaba y no solo por la desmembración de la Gran Colombia: 1'331.000 kilómetros cuadrados. La misma que da Reclus en su geografía, La Tierra a vuelo de pájaro. Hoy nos quedan, según Wikipedia, 1'141.748. Esto quiere decir -aunque no diga nada- que en menos de 200 años Colombia ha perdido, solo en territorio, casi 975.000 kilómetros cuadrados: 24 veces el tamaño de Suiza, 10 veces el de Portugal. O casi, no importa. Todo mientras acá comíamos pandeyuca y bailábamos bambucos. Me entregaron un país y les devuelvo dos, o más. Oh gloria inmarcesible, oh jubilo inmortal. En Del rigor en la ciencia Borges cuenta la historia de un imperio cuyos cartógrafos eran tan precisos que dibujaban sus mapas del tamaño del imperio. Los nuestros lo hicieron igual, pero al revés: el país del tamaño de sus mapas.

Alcalde de Medellín, fuera de control

Por Juan Diego Restrepo E. *


OPINIÓN

Alonso Salazar tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico, pero no a desconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.

Viernes 29 Enero 2010



La situación de violencia en Medellín es muy grave y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, está pasando de la preocupación al desespero que lo lleva a cometer errores que desdicen de la dignidad del cargo que ocupa. Acusa a las autoridades judiciales por la ineficacia al afrontar las investigaciones contra los generadores de violencia; se va lanza en ristre contra aquellas comunidades que, día a día, padecen los efectos de un conflicto armado urbano que parece no tener fin; y se muestra contradictorio en rechazar la propuesta presidencial de integrar jóvenes estudiantes a la red de informantes del Ejército.

El Alcalde tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico con los diversos sectores estatales y sociales, pero no a desconocer garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1991. El pasado 19 de enero, en hechos que registró una cámara del informativo local Hora 13 Noticias, Salazar Jaramillo increpó en las calles del barrio Popular N° 1 a una joven embarazada que denunció atropellos cometidos por varios uniformados cerca del lugar donde se encontraba el mandatario local.

La mujer denunció que los agentes de Policía estaban aporreando a varios jóvenes, entre ellos a un hijo suyo, menor de edad. Incluso, ella misma había recibido algunos golpes en los pies. Versiones oficiales aseguraron que algunos pobladores habían evitado la captura de un muchacho y que por ello la Policía tuvo que actuar de esa manera. En lugar de calmarla y escucharla, el Alcalde le respondió airadamente: “usted pone la denuncia contra la Policía y yo voy a poner la denuncia por asonada y terrorismo”. La autoridad civil de la ciudad se desdibujó y parecía un pendenciero de esquina enfrentado de igual a igual con mujeres que además de vivir en la miseria, tienen que soportar la violencia de las bandas y, ahora, la arbitrariedad oficial.

No contento con amenazar penalmente a la mujer, ante la cámara del noticiero aseveró que “no voy a dejar indefensa a la Policía, no la puedo dejar sola, ni voy a dejar que por cualquier populismo se diga que la Policía está violando los derechos humanos”. Ahora resulta que denunciar los atropellos de la fuerza pública “es populismo”. El Alcalde olvida que la mejor defensa de la Policía es garantizar que no incurra en actos de arbitrariedad que la igualen con la criminalidad y que, en lugar de inculpar a los denunciantes, su deber es escuchar las denuncias y promover su investigación.

Al asumir la inocencia a priori de la fuerza pública y presumir la mala fe de los denunciantes, Salazar termina por validar el uso arbitrario de la fuerza y reforzar la violencia que se quiere superar. Durante el último año muchos ciudadanos han denunciado que algunos agentes de Policía han tomando partido por uno u otro grupo armado ilegal en varias comunas y se han articulado a su accionar delictivo, pero no encuentran autoridades civiles receptivas. El Alcalde parece ignorar que un obstáculo que dificulta resolver esta conflictividad violenta es la pérdida de confianza y legitimidad de los organismos de seguridad y la inexistencia de una fluida y respetuosa comunicación entre Alcalde y ciudadanos.

Una vez acabó la discusión con la joven embarazada, Salazar hizo otra afirmación que sorprende viniendo de alguien que se formó entre defensores de derechos humanos: “son personas, sobre todo familiares de los propios delincuentes de esta comunidad, que se quieren esconder en la bandera de derechos humanos para impedir la acción de las autoridades. No pueden hacerlo”.

¿Qué no pueden hacerlo? ¿De dónde saca semejante exabrupto jurídico? Al Alcalde se le olvidan las garantías constitucionales de las que gozan, incluso, los ciudadanos criminales. El Artículo 33 de la Carta Política establece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

El actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) recogió ese principio constitucional y en los numerales (a) y (b) del artículo 8° consagró que una persona procesada tiene derecho a “no ser obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” y a “no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.

La concepción anti garantista expresada por Salazar coincide de manera preocupante con la forma de pensar del coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. En un artículo publicado en el periódico El Mundo (25 de enero de 2010), este oficial se quejó abiertamente del Sistema Penal Oral Acusatorio por cuanto, según él, no tenía en cuenta la realidad social colombiana, sino que estaba pensado para países como Suiza que tiene delincuentes ocasionales y agregó: “el Legislativo no contó con que en Medellín hay casi que una delincuencia genética y no se puede ser tan blando, ni ofrecer tantas garantías con quien comete un delito”.

El coronel Martínez debería saber que, en una democracia, la potestad punitiva del Estado tiene límites para no incurrir en nuevas injusticias y que las personas no nacen delincuentes. Sus palabras inquietan porque criminalizan la marginalidad, alientan la arbitrariedad y la represión, y niegan el régimen de garantías que soportan nuestra ya endeble democracia. Es oportuno advertir que de interpretar la criminalidad como un asunto genético a justificar atajos extralegales y medidas arbitrarias para resolver la compleja violencia urbana sólo hay un paso.

Otro síntoma de la impulsividad que parece evidenciar Salazar se reflejó en sus declaraciones sobre la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de incorporar a la red de informantes del Ejército a mil estudiantes de la ciudad. Minutos después de escucharse la idea del Jefe de Estado, el Alcalde de Medellín aseveró ante los medios que “si podemos apoyarla, me parece bien”.

Un día después, y ante la magnitud que alcanzó el debate, admitió que se había equivocado en su apreciación inicial: “tengo que reconocer que quizás en el momento y como ya estábamos en cierta premura, no miré ni dimensioné. No puedo decir que no nos consultó; si, efectivamente. Quizás no la digerimos suficientemente. No tengo problema en decir que no la pensé bien”.

Ante la peligrosa combinación de autoritarismo, soberbia, antigarantismo e impulsividad, es necesario anteponer un gran esfuerzo intelectual que movilice varios sectores sociales para diseñar estrategias creativas que empiecen por eliminar la corrupción de la institución policial y proteger a los jóvenes de la posibilidad de terminar atrapados en la espiral de la violencia con programas de seguridad alimentaria, educación de calidad y arte

El Estado de Opinión, sin límites

El Estado de Opinión, sin límites
Por Juan Diego Restrepo E.*
OPINIÓN

Preocupa la consonancia ideológica entre el presidente Uribe y el procurador Ordóñez sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de poderes.
Jueves 14 Enero 2010

La petición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de declarar exequible la Ley 1354 de 2009 a través de la cual se convoca a un referendo para avalar un nuevo cambio constitucional que le permita al actual Presidente de la República postularse por segunda vez a un proceso electoral, revela un paradigma político que ha hecho carrera en Colombia: las normas tienen límites, pero el llamado Estado de Opinión, fundado en la voluntad del pueblo, no.
Tal paradigma ha llevado a que el actual Jefe del Ministerio Público minimice, de un lado, el conjunto de irregularidades que se presentaron durante el trámite del proyecto de Ley, desde la financiación de la recolección de las firmas hasta su paso por Cámara y Senado, alegando que a ellos se impone la voluntad popular; y, de otro, conceptúe que la Corte Constitucional sólo debe abordar el estudio de forma y no de fondo de la reforma propuesta.

El pronunciamiento del procurador Ordóñez es ya una pieza clásica del llamado Estado de Opinión, concepto acuñado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde octubre de 2008 y que, en esencia, sitúa la opinión pública por encima del Estado de Derecho. En su concepto de exequibilidad acogió con rigurosidad el espíritu de esa idea y la expresó claramente en su pronunciamiento: "Debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico".

En ese sentido, resulta obvio que las irregularidades presentadas durante el trámite de la Ley 1354 de 2009 no fueran consideradas como causales de inexequibilidad de la norma y se redujera su impacto al “orden personal y administrativo”, como en el caso de la violación de los topes de financiación de la recolección de firmas; o interpretara que no era necesaria la publicación en el Diario Oficial del Decreto 4742 que citó a sesiones extras en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley reeleccionista el 16 de diciembre de 2008, por cuanto “se anunció en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de ese día, y fue transmitido por los medios de comunicación el mismo día”; o determinara que el cambio de partido político en el transcurso del debate del proyecto de ley de algunos congresistas “no constituye vicio de trámite legislativo, pues la consecuencia que el ordenamiento jurídico establece para dichos actos es la responsabilidad personal del parlamentario en relación con su partido o movimiento político”.

Pero así como el procurador acomodó el ordenamiento jurídico para minimizar las irregularidades y ajustarlo al llamado Estado de Opinión, no vaciló en precisarle el ámbito de actuación de la Corte Constitucional, que a su juicio debe ser un estudio de forma y no de fondo: “la revisión del cuestionamiento que pretende modificar la Carta Política se limita al aspecto meramente formal, es decir, a que gramaticalmente la pregunta esté bien formulada y no presente partes oscuras que induzcan a error al elector, preservando que el interrogante sea claro, entendible y que le permita al ciudadano comprender la esencia de la reforma constitucional que se quiere”.

Afortunadamente, el pronunciamiento del Procurador no es vinculante, es decir, no es de estricto cumplimiento por parte de la Corte Constitucional; se tendrá en cuenta como lo que es, un concepto derivado de un control de constitucionalidad por parte del Ministerio Público.

Lo que sí debe preocuparle al país es la consonancia ideológica entre el pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez y el del procurador Ordóñez Maldonado sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de la Procuraduría General de la Nación en su tarea constitucional de proteger el patrimonio público, promover la protección de los derechos fundamentales y vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley .

Con el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, el Estado de Opinión ya no tiene límites, salvo los que le impongan las fuerzas ideológicas dominantes. Espero, como muchos colombianos cansados de esta falsa democracia nacional, que en la Corte Constitucional prime el Estado de Derecho y contribuya a superar, de una vez por todas, la visión teológica según la cual la suerte política del país está en manos de Dios.

Medellín te sorprende de día y de noche

“Medellín te sorprende de día y de noche”

Por Juan Diego Restrepo E.*


En su edición de diciembre de 2009, la revista Únete, una publicación mensual de UNE EPM Telecomunicaciones, afirma que “con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos y bajo el lema ‘En diciembre, Medellín te sorprenderá de día y de noche’, la Alcaldía de Medellín y EPM trabajarán en equipo para que todos puedan disfrutar de una ciudad de ensueño”.

Lamento profundamente contradecir tan flamante afirmación de “ciudad de ensueño”, pues en Medellín estamos muy lejos de esa condición, que solo cabe en la cabeza de publicistas y de aquellos que les pagan sus honorarios para que esos imaginarios sean construidos y promovidos en el país y en el extranjero.

En un acto de lealtad con los lectores, debo reconocer que esta columna la escribo con dolor. En menos de un mes, la violencia que ocultan esos mensajes publicitarios acabó con la vida de dos líderes barriales que lucharon incansablemente por sus comunidades. Esos dos hombres eran Jorge Murillo y John Alexander Pulgarín.

A Jorge Murillo, un grueso moreno oriundo del Chocó, lo conocí el 30 de septiembre de este año. Él integraba una de las 300 familias que resultaron damnificadas en el incendio del asentamiento de desplazados Mano de Dios, ocurrido el 6 de marzo de 2003 en Medellín. En atención a esta tragedia, fue construido en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, el barrio Nuevo Amanecer. Los primeros afectados llegaron allí a finales del 2004.

Pero las soluciones de vivienda fueron mal construidas y se obviaron las dotaciones urbanísticas. Esta situación llevó a Jorge y a varios de sus pobladores a liderar desde el 2005 acciones jurídicas contra la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Nación y la empresa constructora, con el fin de corregir las falencias. Y justo este año, cuando se estaban confrontando en los estrados judiciales las irregularidades cometidas en la construcción del barrio, comenzaron las intimidaciones contra Jorge por parte de un grupo paramilitar que opera en el corregimiento Altavista. Ante la inminencia de su muerte abandonó la ciudad.

Pero no sólo las amenazas decidieron la suerte de Jorge. También tuvo que ver en su decisión las deficiencias en la atención en su caso. Yo estuve a su lado cuando habló con un secretario del despacho a quien le narró su drama para que lo ayudara, pero éste lo remitió a otro funcionario, quien le dijo que no se podía hacer nada porque las amenazas no provenían de “un grupo legamente reconocido”.

Nadie entendió ese concepto, más de índole burocrático que humanitario, pero sirvió para que este líder barrial y su familia abandonara el barrio al amanecer del lunes 11 de octubre y dejara atrás sus años de líder comunitario. Decepcionado, viajó a Corozal, Sucre, y se instaló allí con su esposa y sus tres hijos. Pero lo que no hicieron los paramilitares, lo hizo un virus letal: el pasado 15 de diciembre murió en un centro asistencial, rodeado de sus seres queridos. Su doloroso deceso es, sin duda alguna, una consecuencia cruel de la guerra que padece esta “ciudad de ensueño”. Así algunos no lo admitan, este conflicto también mata de pena moral.

A John Alexander Pulgarín lo conocí hace poco más de dos años. Valiente, comprometido y arriesgado. Nació, vivió y trabajó en la comuna 8 de Medellín, en el oriente de la ciudad. Denunció las amenazas paramilitares posteriores a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (noviembre de 2003) y Héroes de Granada (agosto de 2005) en su barrio. Persistió en señalar que los reinsertados continuaban con sus estrategias de control social y territorial, a través de las cuales se vulneraban los derechos de los pobladores, pero no tuvo mucho eco.

En el segundo semestre del 2008, Pulgarín se convirtió en uno de los testigos del proceso penal adelantado contra John William López Echavarría, alias ‘Memín’, reinsertado del bloque Cacique Nutibara, quien en sus años de desmovilizado trasegó entre la legalidad y la ilegalidad hasta cuando fue capturado el 16 de mayo de 2008. Tras un juicio trágico, que dejó cuatro testigos de la Fiscalía muertos, fue sentenciado a 23 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.

Militante del Polo Democrático, líder barrial, integrante del grupo de trabajo de la miembro activo de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y fundador de la Corporación Construcción Ciudadana, John Alexander estuvo presto a proponer salidas civilistas a partir del reconocimiento del conflicto armado, pero ese tipo de ideas, en una “ciudad de ensueño” como Medellín, son mal recibidas. Este hombre murió asesinado en las calles del barrio Las Estancias, el pasado domingo en las horas de la tarde. Dos hombres le propinaron seis disparos en la cara.

El paramilitarismo en Medellín, así como en diversas regiones del departamento y el país está activo. Si bien la lucha de estos grupos armados ilegales no tienen como objetivo de su acción las milicias urbanas de la guerrilla, porque ya fueron derrotadas, actualmente tienen en su mira a todos aquellos líderes barriales que desde una perspectiva comunitaria reivindican los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Esos siguen siendo sus “enemigos”.

No nos podemos seguir diciendo mentiras. No podemos seguir construyendo imágenes urbanas irreales que lo que generan es una profunda indolencia ciudadana. Me apena insistir, pero esa imagen de “ciudad de ensueño” que plantean de Medellín es falsa. La realidad en la calle se está acercando más a una pesadilla. Las muertes de Jorge y de Alexander así lo evidencian. Paz en sus tumbas.

Al bareto si, Alvarito no

Terminó el tiempo para los argumentos constitucionales, los reparos de procedimiento, las réplicas liberales y las marchas de sí al bareto y no Alvarito. Antes del 16 de diciembre la Constitución colombiana tendrá un artículo que corresponde a los empeños morales del Presidente más que a los principios del Estado. La voluntad de un solo hombre, su porfía de cruzado, puede lograr que el país ponga algunos de sus lemas personales en la Constitución. Una insignia populista para lucir al interior y una postura severa para exhibir más allá de las fronteras.
Pero a pesar de su apariencia inútil la retórica puede tener consecuencias en las calles, en los calabozos de las estaciones y en los baños de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En una reciente columna sobre el capricho presidencial con el tema de la dosis mínima, Jorge Orlando Melo criticaba la costumbre nacional de prevenir una conducta indeseable a punta de leyes o artículos constitucionales. La lógica según la cual si no es posible detener al jíbaro es necesario perseguir al comprador ocasional. Al final, Melo se tranquilizaba calificando la reforma en ciernes como “un puro saludo a la bandera, sin ningún efecto. Una reforma insensata, pero inocua e inane.”
Melo tiene sus razones para el optimismo: la reforma terminó hablando de prohibición y no de penalización. Los tribunales médicos que le gustan a Fabio Valencia le parecieron peligrosos hasta a Nicolás Uribe ¡Un Uribito más! Pero bueno, al menos le dio pudor impulsar las camisas de fuerza del Estado terapéutico. Por ahora no habrá más que una prohibición en abstracto en un artículo de la Constitución. Sin mebargo creo que luego de 15 años de estar obligados a guardar ciertas formas frente a los consumidores, los policías se saborean su revancha. Se ha renovado un aval para su juego de pequeñas extorsiones al portador de un barillo silvestre. No hay un marco para aplicar la prohibición así que los policías tendrán un interesante margen de maniobra. Los supuestos enfermos, ya que el espíritu fraternal de la reforma fue dibujar al consumidor como un apestado y no como un delincuente, quedarán en manos de los médicos más peligrosos: los policías. Ellos tomarán las medidas “pedagógicas, profilácticas y terapéuticas” de las que habla el gobierno.
Pero incluso la reforma podrá resultar contraproducente para el supuesto fin proclamado hace unos días por el ministro del interior: “ir por los jíbaros”. El tono de Valencia Cossio me recordó a Harry J. Anslinger, el primer comisario de narcóticos gringo cuyas declaraciones en los años 30 pasaron poco a poco de alarmas contundentes a piezas humorísticas. Decía que es muy posible que la lógica de los policías sufra una pequeña mutación: “Para que meterse en problemas siguiendo el negocio de los jíbaros, más lisos y más peligrosos, si es posible jugar un rato con los consumidores, más asustadizos y más rentables”.
Estamos entonces en los tiempos de enfrentar la nueva actitud de los policías frente al consumidor recreativo. Se acabó la hora de los argumentos y pasamos a la etapa de los tormentos. A pesar de haber estado hace unos años en cuclillas en el baño de un CAI por culpa de un cogollo apretado en una pipa de madera, tengo que decir que los policías se comportaron con relativa prudencia. Se quedaron con la pipa y el moño, le encontrarían cliente fácil en Chapinero, y soltaron un insulto juicioso en vez de una patada. No hubo extorsión. Me temo que la reforma sí tendrá efectos: cambiarán los protocolos policiales y la prima navideña de los agentes.