Por Juan Diego Restrepo E. *
OPINIÓN
Alonso Salazar tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico, pero no a desconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.
Viernes 29 Enero 2010
La situación de violencia en Medellín es muy grave y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, está pasando de la preocupación al desespero que lo lleva a cometer errores que desdicen de la dignidad del cargo que ocupa. Acusa a las autoridades judiciales por la ineficacia al afrontar las investigaciones contra los generadores de violencia; se va lanza en ristre contra aquellas comunidades que, día a día, padecen los efectos de un conflicto armado urbano que parece no tener fin; y se muestra contradictorio en rechazar la propuesta presidencial de integrar jóvenes estudiantes a la red de informantes del Ejército.
El Alcalde tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico con los diversos sectores estatales y sociales, pero no a desconocer garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1991. El pasado 19 de enero, en hechos que registró una cámara del informativo local Hora 13 Noticias, Salazar Jaramillo increpó en las calles del barrio Popular N° 1 a una joven embarazada que denunció atropellos cometidos por varios uniformados cerca del lugar donde se encontraba el mandatario local.
La mujer denunció que los agentes de Policía estaban aporreando a varios jóvenes, entre ellos a un hijo suyo, menor de edad. Incluso, ella misma había recibido algunos golpes en los pies. Versiones oficiales aseguraron que algunos pobladores habían evitado la captura de un muchacho y que por ello la Policía tuvo que actuar de esa manera. En lugar de calmarla y escucharla, el Alcalde le respondió airadamente: “usted pone la denuncia contra la Policía y yo voy a poner la denuncia por asonada y terrorismo”. La autoridad civil de la ciudad se desdibujó y parecía un pendenciero de esquina enfrentado de igual a igual con mujeres que además de vivir en la miseria, tienen que soportar la violencia de las bandas y, ahora, la arbitrariedad oficial.
No contento con amenazar penalmente a la mujer, ante la cámara del noticiero aseveró que “no voy a dejar indefensa a la Policía, no la puedo dejar sola, ni voy a dejar que por cualquier populismo se diga que la Policía está violando los derechos humanos”. Ahora resulta que denunciar los atropellos de la fuerza pública “es populismo”. El Alcalde olvida que la mejor defensa de la Policía es garantizar que no incurra en actos de arbitrariedad que la igualen con la criminalidad y que, en lugar de inculpar a los denunciantes, su deber es escuchar las denuncias y promover su investigación.
Al asumir la inocencia a priori de la fuerza pública y presumir la mala fe de los denunciantes, Salazar termina por validar el uso arbitrario de la fuerza y reforzar la violencia que se quiere superar. Durante el último año muchos ciudadanos han denunciado que algunos agentes de Policía han tomando partido por uno u otro grupo armado ilegal en varias comunas y se han articulado a su accionar delictivo, pero no encuentran autoridades civiles receptivas. El Alcalde parece ignorar que un obstáculo que dificulta resolver esta conflictividad violenta es la pérdida de confianza y legitimidad de los organismos de seguridad y la inexistencia de una fluida y respetuosa comunicación entre Alcalde y ciudadanos.
Una vez acabó la discusión con la joven embarazada, Salazar hizo otra afirmación que sorprende viniendo de alguien que se formó entre defensores de derechos humanos: “son personas, sobre todo familiares de los propios delincuentes de esta comunidad, que se quieren esconder en la bandera de derechos humanos para impedir la acción de las autoridades. No pueden hacerlo”.
¿Qué no pueden hacerlo? ¿De dónde saca semejante exabrupto jurídico? Al Alcalde se le olvidan las garantías constitucionales de las que gozan, incluso, los ciudadanos criminales. El Artículo 33 de la Carta Política establece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
El actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) recogió ese principio constitucional y en los numerales (a) y (b) del artículo 8° consagró que una persona procesada tiene derecho a “no ser obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” y a “no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.
La concepción anti garantista expresada por Salazar coincide de manera preocupante con la forma de pensar del coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. En un artículo publicado en el periódico El Mundo (25 de enero de 2010), este oficial se quejó abiertamente del Sistema Penal Oral Acusatorio por cuanto, según él, no tenía en cuenta la realidad social colombiana, sino que estaba pensado para países como Suiza que tiene delincuentes ocasionales y agregó: “el Legislativo no contó con que en Medellín hay casi que una delincuencia genética y no se puede ser tan blando, ni ofrecer tantas garantías con quien comete un delito”.
El coronel Martínez debería saber que, en una democracia, la potestad punitiva del Estado tiene límites para no incurrir en nuevas injusticias y que las personas no nacen delincuentes. Sus palabras inquietan porque criminalizan la marginalidad, alientan la arbitrariedad y la represión, y niegan el régimen de garantías que soportan nuestra ya endeble democracia. Es oportuno advertir que de interpretar la criminalidad como un asunto genético a justificar atajos extralegales y medidas arbitrarias para resolver la compleja violencia urbana sólo hay un paso.
Otro síntoma de la impulsividad que parece evidenciar Salazar se reflejó en sus declaraciones sobre la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de incorporar a la red de informantes del Ejército a mil estudiantes de la ciudad. Minutos después de escucharse la idea del Jefe de Estado, el Alcalde de Medellín aseveró ante los medios que “si podemos apoyarla, me parece bien”.
Un día después, y ante la magnitud que alcanzó el debate, admitió que se había equivocado en su apreciación inicial: “tengo que reconocer que quizás en el momento y como ya estábamos en cierta premura, no miré ni dimensioné. No puedo decir que no nos consultó; si, efectivamente. Quizás no la digerimos suficientemente. No tengo problema en decir que no la pensé bien”.
Ante la peligrosa combinación de autoritarismo, soberbia, antigarantismo e impulsividad, es necesario anteponer un gran esfuerzo intelectual que movilice varios sectores sociales para diseñar estrategias creativas que empiecen por eliminar la corrupción de la institución policial y proteger a los jóvenes de la posibilidad de terminar atrapados en la espiral de la violencia con programas de seguridad alimentaria, educación de calidad y arte
Monday, February 01, 2010
Tuesday, January 19, 2010
El Estado de Opinión, sin límites
El Estado de Opinión, sin límites
Por Juan Diego Restrepo E.*
OPINIÓN
Preocupa la consonancia ideológica entre el presidente Uribe y el procurador Ordóñez sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de poderes.
Jueves 14 Enero 2010
La petición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de declarar exequible la Ley 1354 de 2009 a través de la cual se convoca a un referendo para avalar un nuevo cambio constitucional que le permita al actual Presidente de la República postularse por segunda vez a un proceso electoral, revela un paradigma político que ha hecho carrera en Colombia: las normas tienen límites, pero el llamado Estado de Opinión, fundado en la voluntad del pueblo, no.
Tal paradigma ha llevado a que el actual Jefe del Ministerio Público minimice, de un lado, el conjunto de irregularidades que se presentaron durante el trámite del proyecto de Ley, desde la financiación de la recolección de las firmas hasta su paso por Cámara y Senado, alegando que a ellos se impone la voluntad popular; y, de otro, conceptúe que la Corte Constitucional sólo debe abordar el estudio de forma y no de fondo de la reforma propuesta.
El pronunciamiento del procurador Ordóñez es ya una pieza clásica del llamado Estado de Opinión, concepto acuñado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde octubre de 2008 y que, en esencia, sitúa la opinión pública por encima del Estado de Derecho. En su concepto de exequibilidad acogió con rigurosidad el espíritu de esa idea y la expresó claramente en su pronunciamiento: "Debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico".
En ese sentido, resulta obvio que las irregularidades presentadas durante el trámite de la Ley 1354 de 2009 no fueran consideradas como causales de inexequibilidad de la norma y se redujera su impacto al “orden personal y administrativo”, como en el caso de la violación de los topes de financiación de la recolección de firmas; o interpretara que no era necesaria la publicación en el Diario Oficial del Decreto 4742 que citó a sesiones extras en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley reeleccionista el 16 de diciembre de 2008, por cuanto “se anunció en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de ese día, y fue transmitido por los medios de comunicación el mismo día”; o determinara que el cambio de partido político en el transcurso del debate del proyecto de ley de algunos congresistas “no constituye vicio de trámite legislativo, pues la consecuencia que el ordenamiento jurídico establece para dichos actos es la responsabilidad personal del parlamentario en relación con su partido o movimiento político”.
Pero así como el procurador acomodó el ordenamiento jurídico para minimizar las irregularidades y ajustarlo al llamado Estado de Opinión, no vaciló en precisarle el ámbito de actuación de la Corte Constitucional, que a su juicio debe ser un estudio de forma y no de fondo: “la revisión del cuestionamiento que pretende modificar la Carta Política se limita al aspecto meramente formal, es decir, a que gramaticalmente la pregunta esté bien formulada y no presente partes oscuras que induzcan a error al elector, preservando que el interrogante sea claro, entendible y que le permita al ciudadano comprender la esencia de la reforma constitucional que se quiere”.
Afortunadamente, el pronunciamiento del Procurador no es vinculante, es decir, no es de estricto cumplimiento por parte de la Corte Constitucional; se tendrá en cuenta como lo que es, un concepto derivado de un control de constitucionalidad por parte del Ministerio Público.
Lo que sí debe preocuparle al país es la consonancia ideológica entre el pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez y el del procurador Ordóñez Maldonado sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de la Procuraduría General de la Nación en su tarea constitucional de proteger el patrimonio público, promover la protección de los derechos fundamentales y vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley .
Con el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, el Estado de Opinión ya no tiene límites, salvo los que le impongan las fuerzas ideológicas dominantes. Espero, como muchos colombianos cansados de esta falsa democracia nacional, que en la Corte Constitucional prime el Estado de Derecho y contribuya a superar, de una vez por todas, la visión teológica según la cual la suerte política del país está en manos de Dios.
Jueves 14 Enero 2010
La petición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de declarar exequible la Ley 1354 de 2009 a través de la cual se convoca a un referendo para avalar un nuevo cambio constitucional que le permita al actual Presidente de la República postularse por segunda vez a un proceso electoral, revela un paradigma político que ha hecho carrera en Colombia: las normas tienen límites, pero el llamado Estado de Opinión, fundado en la voluntad del pueblo, no.
Tal paradigma ha llevado a que el actual Jefe del Ministerio Público minimice, de un lado, el conjunto de irregularidades que se presentaron durante el trámite del proyecto de Ley, desde la financiación de la recolección de las firmas hasta su paso por Cámara y Senado, alegando que a ellos se impone la voluntad popular; y, de otro, conceptúe que la Corte Constitucional sólo debe abordar el estudio de forma y no de fondo de la reforma propuesta.
El pronunciamiento del procurador Ordóñez es ya una pieza clásica del llamado Estado de Opinión, concepto acuñado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde octubre de 2008 y que, en esencia, sitúa la opinión pública por encima del Estado de Derecho. En su concepto de exequibilidad acogió con rigurosidad el espíritu de esa idea y la expresó claramente en su pronunciamiento: "Debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico".
En ese sentido, resulta obvio que las irregularidades presentadas durante el trámite de la Ley 1354 de 2009 no fueran consideradas como causales de inexequibilidad de la norma y se redujera su impacto al “orden personal y administrativo”, como en el caso de la violación de los topes de financiación de la recolección de firmas; o interpretara que no era necesaria la publicación en el Diario Oficial del Decreto 4742 que citó a sesiones extras en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley reeleccionista el 16 de diciembre de 2008, por cuanto “se anunció en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de ese día, y fue transmitido por los medios de comunicación el mismo día”; o determinara que el cambio de partido político en el transcurso del debate del proyecto de ley de algunos congresistas “no constituye vicio de trámite legislativo, pues la consecuencia que el ordenamiento jurídico establece para dichos actos es la responsabilidad personal del parlamentario en relación con su partido o movimiento político”.
Pero así como el procurador acomodó el ordenamiento jurídico para minimizar las irregularidades y ajustarlo al llamado Estado de Opinión, no vaciló en precisarle el ámbito de actuación de la Corte Constitucional, que a su juicio debe ser un estudio de forma y no de fondo: “la revisión del cuestionamiento que pretende modificar la Carta Política se limita al aspecto meramente formal, es decir, a que gramaticalmente la pregunta esté bien formulada y no presente partes oscuras que induzcan a error al elector, preservando que el interrogante sea claro, entendible y que le permita al ciudadano comprender la esencia de la reforma constitucional que se quiere”.
Afortunadamente, el pronunciamiento del Procurador no es vinculante, es decir, no es de estricto cumplimiento por parte de la Corte Constitucional; se tendrá en cuenta como lo que es, un concepto derivado de un control de constitucionalidad por parte del Ministerio Público.
Lo que sí debe preocuparle al país es la consonancia ideológica entre el pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez y el del procurador Ordóñez Maldonado sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de la Procuraduría General de la Nación en su tarea constitucional de proteger el patrimonio público, promover la protección de los derechos fundamentales y vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley .
Con el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, el Estado de Opinión ya no tiene límites, salvo los que le impongan las fuerzas ideológicas dominantes. Espero, como muchos colombianos cansados de esta falsa democracia nacional, que en la Corte Constitucional prime el Estado de Derecho y contribuya a superar, de una vez por todas, la visión teológica según la cual la suerte política del país está en manos de Dios.
Tuesday, January 05, 2010
Medellín te sorprende de día y de noche
“Medellín te sorprende de día y de noche”
Por Juan Diego Restrepo E.*
En su edición de diciembre de 2009, la revista Únete, una publicación mensual de UNE EPM Telecomunicaciones, afirma que “con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos y bajo el lema ‘En diciembre, Medellín te sorprenderá de día y de noche’, la Alcaldía de Medellín y EPM trabajarán en equipo para que todos puedan disfrutar de una ciudad de ensueño”.
Lamento profundamente contradecir tan flamante afirmación de “ciudad de ensueño”, pues en Medellín estamos muy lejos de esa condición, que solo cabe en la cabeza de publicistas y de aquellos que les pagan sus honorarios para que esos imaginarios sean construidos y promovidos en el país y en el extranjero.
En un acto de lealtad con los lectores, debo reconocer que esta columna la escribo con dolor. En menos de un mes, la violencia que ocultan esos mensajes publicitarios acabó con la vida de dos líderes barriales que lucharon incansablemente por sus comunidades. Esos dos hombres eran Jorge Murillo y John Alexander Pulgarín.
A Jorge Murillo, un grueso moreno oriundo del Chocó, lo conocí el 30 de septiembre de este año. Él integraba una de las 300 familias que resultaron damnificadas en el incendio del asentamiento de desplazados Mano de Dios, ocurrido el 6 de marzo de 2003 en Medellín. En atención a esta tragedia, fue construido en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, el barrio Nuevo Amanecer. Los primeros afectados llegaron allí a finales del 2004.
Pero las soluciones de vivienda fueron mal construidas y se obviaron las dotaciones urbanísticas. Esta situación llevó a Jorge y a varios de sus pobladores a liderar desde el 2005 acciones jurídicas contra la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Nación y la empresa constructora, con el fin de corregir las falencias. Y justo este año, cuando se estaban confrontando en los estrados judiciales las irregularidades cometidas en la construcción del barrio, comenzaron las intimidaciones contra Jorge por parte de un grupo paramilitar que opera en el corregimiento Altavista. Ante la inminencia de su muerte abandonó la ciudad.
Pero no sólo las amenazas decidieron la suerte de Jorge. También tuvo que ver en su decisión las deficiencias en la atención en su caso. Yo estuve a su lado cuando habló con un secretario del despacho a quien le narró su drama para que lo ayudara, pero éste lo remitió a otro funcionario, quien le dijo que no se podía hacer nada porque las amenazas no provenían de “un grupo legamente reconocido”.
Nadie entendió ese concepto, más de índole burocrático que humanitario, pero sirvió para que este líder barrial y su familia abandonara el barrio al amanecer del lunes 11 de octubre y dejara atrás sus años de líder comunitario. Decepcionado, viajó a Corozal, Sucre, y se instaló allí con su esposa y sus tres hijos. Pero lo que no hicieron los paramilitares, lo hizo un virus letal: el pasado 15 de diciembre murió en un centro asistencial, rodeado de sus seres queridos. Su doloroso deceso es, sin duda alguna, una consecuencia cruel de la guerra que padece esta “ciudad de ensueño”. Así algunos no lo admitan, este conflicto también mata de pena moral.
A John Alexander Pulgarín lo conocí hace poco más de dos años. Valiente, comprometido y arriesgado. Nació, vivió y trabajó en la comuna 8 de Medellín, en el oriente de la ciudad. Denunció las amenazas paramilitares posteriores a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (noviembre de 2003) y Héroes de Granada (agosto de 2005) en su barrio. Persistió en señalar que los reinsertados continuaban con sus estrategias de control social y territorial, a través de las cuales se vulneraban los derechos de los pobladores, pero no tuvo mucho eco.
En el segundo semestre del 2008, Pulgarín se convirtió en uno de los testigos del proceso penal adelantado contra John William López Echavarría, alias ‘Memín’, reinsertado del bloque Cacique Nutibara, quien en sus años de desmovilizado trasegó entre la legalidad y la ilegalidad hasta cuando fue capturado el 16 de mayo de 2008. Tras un juicio trágico, que dejó cuatro testigos de la Fiscalía muertos, fue sentenciado a 23 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.
Militante del Polo Democrático, líder barrial, integrante del grupo de trabajo de la miembro activo de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y fundador de la Corporación Construcción Ciudadana, John Alexander estuvo presto a proponer salidas civilistas a partir del reconocimiento del conflicto armado, pero ese tipo de ideas, en una “ciudad de ensueño” como Medellín, son mal recibidas. Este hombre murió asesinado en las calles del barrio Las Estancias, el pasado domingo en las horas de la tarde. Dos hombres le propinaron seis disparos en la cara.
El paramilitarismo en Medellín, así como en diversas regiones del departamento y el país está activo. Si bien la lucha de estos grupos armados ilegales no tienen como objetivo de su acción las milicias urbanas de la guerrilla, porque ya fueron derrotadas, actualmente tienen en su mira a todos aquellos líderes barriales que desde una perspectiva comunitaria reivindican los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Esos siguen siendo sus “enemigos”.
No nos podemos seguir diciendo mentiras. No podemos seguir construyendo imágenes urbanas irreales que lo que generan es una profunda indolencia ciudadana. Me apena insistir, pero esa imagen de “ciudad de ensueño” que plantean de Medellín es falsa. La realidad en la calle se está acercando más a una pesadilla. Las muertes de Jorge y de Alexander así lo evidencian. Paz en sus tumbas.
Por Juan Diego Restrepo E.*
En su edición de diciembre de 2009, la revista Únete, una publicación mensual de UNE EPM Telecomunicaciones, afirma que “con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos y bajo el lema ‘En diciembre, Medellín te sorprenderá de día y de noche’, la Alcaldía de Medellín y EPM trabajarán en equipo para que todos puedan disfrutar de una ciudad de ensueño”.
Lamento profundamente contradecir tan flamante afirmación de “ciudad de ensueño”, pues en Medellín estamos muy lejos de esa condición, que solo cabe en la cabeza de publicistas y de aquellos que les pagan sus honorarios para que esos imaginarios sean construidos y promovidos en el país y en el extranjero.
En un acto de lealtad con los lectores, debo reconocer que esta columna la escribo con dolor. En menos de un mes, la violencia que ocultan esos mensajes publicitarios acabó con la vida de dos líderes barriales que lucharon incansablemente por sus comunidades. Esos dos hombres eran Jorge Murillo y John Alexander Pulgarín.
A Jorge Murillo, un grueso moreno oriundo del Chocó, lo conocí el 30 de septiembre de este año. Él integraba una de las 300 familias que resultaron damnificadas en el incendio del asentamiento de desplazados Mano de Dios, ocurrido el 6 de marzo de 2003 en Medellín. En atención a esta tragedia, fue construido en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, el barrio Nuevo Amanecer. Los primeros afectados llegaron allí a finales del 2004.
Pero las soluciones de vivienda fueron mal construidas y se obviaron las dotaciones urbanísticas. Esta situación llevó a Jorge y a varios de sus pobladores a liderar desde el 2005 acciones jurídicas contra la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Nación y la empresa constructora, con el fin de corregir las falencias. Y justo este año, cuando se estaban confrontando en los estrados judiciales las irregularidades cometidas en la construcción del barrio, comenzaron las intimidaciones contra Jorge por parte de un grupo paramilitar que opera en el corregimiento Altavista. Ante la inminencia de su muerte abandonó la ciudad.
Pero no sólo las amenazas decidieron la suerte de Jorge. También tuvo que ver en su decisión las deficiencias en la atención en su caso. Yo estuve a su lado cuando habló con un secretario del despacho a quien le narró su drama para que lo ayudara, pero éste lo remitió a otro funcionario, quien le dijo que no se podía hacer nada porque las amenazas no provenían de “un grupo legamente reconocido”.
Nadie entendió ese concepto, más de índole burocrático que humanitario, pero sirvió para que este líder barrial y su familia abandonara el barrio al amanecer del lunes 11 de octubre y dejara atrás sus años de líder comunitario. Decepcionado, viajó a Corozal, Sucre, y se instaló allí con su esposa y sus tres hijos. Pero lo que no hicieron los paramilitares, lo hizo un virus letal: el pasado 15 de diciembre murió en un centro asistencial, rodeado de sus seres queridos. Su doloroso deceso es, sin duda alguna, una consecuencia cruel de la guerra que padece esta “ciudad de ensueño”. Así algunos no lo admitan, este conflicto también mata de pena moral.
A John Alexander Pulgarín lo conocí hace poco más de dos años. Valiente, comprometido y arriesgado. Nació, vivió y trabajó en la comuna 8 de Medellín, en el oriente de la ciudad. Denunció las amenazas paramilitares posteriores a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (noviembre de 2003) y Héroes de Granada (agosto de 2005) en su barrio. Persistió en señalar que los reinsertados continuaban con sus estrategias de control social y territorial, a través de las cuales se vulneraban los derechos de los pobladores, pero no tuvo mucho eco.
En el segundo semestre del 2008, Pulgarín se convirtió en uno de los testigos del proceso penal adelantado contra John William López Echavarría, alias ‘Memín’, reinsertado del bloque Cacique Nutibara, quien en sus años de desmovilizado trasegó entre la legalidad y la ilegalidad hasta cuando fue capturado el 16 de mayo de 2008. Tras un juicio trágico, que dejó cuatro testigos de la Fiscalía muertos, fue sentenciado a 23 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.
Militante del Polo Democrático, líder barrial, integrante del grupo de trabajo de la miembro activo de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y fundador de la Corporación Construcción Ciudadana, John Alexander estuvo presto a proponer salidas civilistas a partir del reconocimiento del conflicto armado, pero ese tipo de ideas, en una “ciudad de ensueño” como Medellín, son mal recibidas. Este hombre murió asesinado en las calles del barrio Las Estancias, el pasado domingo en las horas de la tarde. Dos hombres le propinaron seis disparos en la cara.
El paramilitarismo en Medellín, así como en diversas regiones del departamento y el país está activo. Si bien la lucha de estos grupos armados ilegales no tienen como objetivo de su acción las milicias urbanas de la guerrilla, porque ya fueron derrotadas, actualmente tienen en su mira a todos aquellos líderes barriales que desde una perspectiva comunitaria reivindican los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Esos siguen siendo sus “enemigos”.
No nos podemos seguir diciendo mentiras. No podemos seguir construyendo imágenes urbanas irreales que lo que generan es una profunda indolencia ciudadana. Me apena insistir, pero esa imagen de “ciudad de ensueño” que plantean de Medellín es falsa. La realidad en la calle se está acercando más a una pesadilla. Las muertes de Jorge y de Alexander así lo evidencian. Paz en sus tumbas.
Monday, December 21, 2009
Al bareto si, Alvarito no
Terminó el tiempo para los argumentos constitucionales, los reparos de procedimiento, las réplicas liberales y las marchas de sí al bareto y no Alvarito. Antes del 16 de diciembre la Constitución colombiana tendrá un artículo que corresponde a los empeños morales del Presidente más que a los principios del Estado. La voluntad de un solo hombre, su porfía de cruzado, puede lograr que el país ponga algunos de sus lemas personales en la Constitución. Una insignia populista para lucir al interior y una postura severa para exhibir más allá de las fronteras.
Pero a pesar de su apariencia inútil la retórica puede tener consecuencias en las calles, en los calabozos de las estaciones y en los baños de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En una reciente columna sobre el capricho presidencial con el tema de la dosis mínima, Jorge Orlando Melo criticaba la costumbre nacional de prevenir una conducta indeseable a punta de leyes o artículos constitucionales. La lógica según la cual si no es posible detener al jíbaro es necesario perseguir al comprador ocasional. Al final, Melo se tranquilizaba calificando la reforma en ciernes como “un puro saludo a la bandera, sin ningún efecto. Una reforma insensata, pero inocua e inane.”
Melo tiene sus razones para el optimismo: la reforma terminó hablando de prohibición y no de penalización. Los tribunales médicos que le gustan a Fabio Valencia le parecieron peligrosos hasta a Nicolás Uribe ¡Un Uribito más! Pero bueno, al menos le dio pudor impulsar las camisas de fuerza del Estado terapéutico. Por ahora no habrá más que una prohibición en abstracto en un artículo de la Constitución. Sin mebargo creo que luego de 15 años de estar obligados a guardar ciertas formas frente a los consumidores, los policías se saborean su revancha. Se ha renovado un aval para su juego de pequeñas extorsiones al portador de un barillo silvestre. No hay un marco para aplicar la prohibición así que los policías tendrán un interesante margen de maniobra. Los supuestos enfermos, ya que el espíritu fraternal de la reforma fue dibujar al consumidor como un apestado y no como un delincuente, quedarán en manos de los médicos más peligrosos: los policías. Ellos tomarán las medidas “pedagógicas, profilácticas y terapéuticas” de las que habla el gobierno.
Pero incluso la reforma podrá resultar contraproducente para el supuesto fin proclamado hace unos días por el ministro del interior: “ir por los jíbaros”. El tono de Valencia Cossio me recordó a Harry J. Anslinger, el primer comisario de narcóticos gringo cuyas declaraciones en los años 30 pasaron poco a poco de alarmas contundentes a piezas humorísticas. Decía que es muy posible que la lógica de los policías sufra una pequeña mutación: “Para que meterse en problemas siguiendo el negocio de los jíbaros, más lisos y más peligrosos, si es posible jugar un rato con los consumidores, más asustadizos y más rentables”.
Estamos entonces en los tiempos de enfrentar la nueva actitud de los policías frente al consumidor recreativo. Se acabó la hora de los argumentos y pasamos a la etapa de los tormentos. A pesar de haber estado hace unos años en cuclillas en el baño de un CAI por culpa de un cogollo apretado en una pipa de madera, tengo que decir que los policías se comportaron con relativa prudencia. Se quedaron con la pipa y el moño, le encontrarían cliente fácil en Chapinero, y soltaron un insulto juicioso en vez de una patada. No hubo extorsión. Me temo que la reforma sí tendrá efectos: cambiarán los protocolos policiales y la prima navideña de los agentes.
Pero a pesar de su apariencia inútil la retórica puede tener consecuencias en las calles, en los calabozos de las estaciones y en los baños de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En una reciente columna sobre el capricho presidencial con el tema de la dosis mínima, Jorge Orlando Melo criticaba la costumbre nacional de prevenir una conducta indeseable a punta de leyes o artículos constitucionales. La lógica según la cual si no es posible detener al jíbaro es necesario perseguir al comprador ocasional. Al final, Melo se tranquilizaba calificando la reforma en ciernes como “un puro saludo a la bandera, sin ningún efecto. Una reforma insensata, pero inocua e inane.”
Melo tiene sus razones para el optimismo: la reforma terminó hablando de prohibición y no de penalización. Los tribunales médicos que le gustan a Fabio Valencia le parecieron peligrosos hasta a Nicolás Uribe ¡Un Uribito más! Pero bueno, al menos le dio pudor impulsar las camisas de fuerza del Estado terapéutico. Por ahora no habrá más que una prohibición en abstracto en un artículo de la Constitución. Sin mebargo creo que luego de 15 años de estar obligados a guardar ciertas formas frente a los consumidores, los policías se saborean su revancha. Se ha renovado un aval para su juego de pequeñas extorsiones al portador de un barillo silvestre. No hay un marco para aplicar la prohibición así que los policías tendrán un interesante margen de maniobra. Los supuestos enfermos, ya que el espíritu fraternal de la reforma fue dibujar al consumidor como un apestado y no como un delincuente, quedarán en manos de los médicos más peligrosos: los policías. Ellos tomarán las medidas “pedagógicas, profilácticas y terapéuticas” de las que habla el gobierno.
Pero incluso la reforma podrá resultar contraproducente para el supuesto fin proclamado hace unos días por el ministro del interior: “ir por los jíbaros”. El tono de Valencia Cossio me recordó a Harry J. Anslinger, el primer comisario de narcóticos gringo cuyas declaraciones en los años 30 pasaron poco a poco de alarmas contundentes a piezas humorísticas. Decía que es muy posible que la lógica de los policías sufra una pequeña mutación: “Para que meterse en problemas siguiendo el negocio de los jíbaros, más lisos y más peligrosos, si es posible jugar un rato con los consumidores, más asustadizos y más rentables”.
Estamos entonces en los tiempos de enfrentar la nueva actitud de los policías frente al consumidor recreativo. Se acabó la hora de los argumentos y pasamos a la etapa de los tormentos. A pesar de haber estado hace unos años en cuclillas en el baño de un CAI por culpa de un cogollo apretado en una pipa de madera, tengo que decir que los policías se comportaron con relativa prudencia. Se quedaron con la pipa y el moño, le encontrarían cliente fácil en Chapinero, y soltaron un insulto juicioso en vez de una patada. No hubo extorsión. Me temo que la reforma sí tendrá efectos: cambiarán los protocolos policiales y la prima navideña de los agentes.
Monday, November 23, 2009
Drogas: realidad y ficción
Por: Klaus Ziegler
En su columna del domingo, Héctor Abad, buscando un compromiso razonable entre los defensores de la dosis personal y los prohibicionistas, propone que se permita el porte de la dosis mínima pero que se prohiba su consumo en lugares públicos.
Su propuesta, aunque conciliadora, no resuelve el problema de fondo. Héctor tiene razón cuando señala que la discusión está en saber cómo limitar las libertades individuales cuando éstas se convierten en un problema social.
Pero su análisis no tiene en cuenta que, por encima de otras consideraciones, es el peligro que cada droga representa para el usuario y la sociedad lo que determina su control o prohibición. Es obvio que ni el más tolerante permitiría el porte de una dosis personal de ántrax —sin importar cuál sea su propósito— y sólo un fanático prohibiría el consumo de té o café.
Con el fin de diseñar políticas racionales para el manejo de las drogas, el comité asesor del gobierno británico sobre el abuso de drogas, bajo la dirección del neurólogo y farmacólogo David Nutt, estableció una escala para clasificar los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta el daño físico, el potencial de adicción y los perjuicios causados a la sociedad.
Las conclusiones, publicadas en la revista médica The Lancet, mostraron que las drogas más peligrosas son la heroína, la cocaína y el crack, seguidas por los barbitúricos, el opio y la metadona. El alcohol ocupó el quinto lugar y el tabaco el noveno, por delante del LSD y la marihuana. Nutt y su equipo responsabilizaron al tabaco de causar más del 40% de los males tratados regularmente en los hospitales, y al alcohol, por más de la mitad de las visitas a las salas de urgencias, además de ser la primera causa de muertes violentas.
La reacción oficial no se hizo esperar: Nutt, que se había convertido en una piedra en el zapato por su costumbre de hacer públicas verdades desagradables, fue despedido por su “incapacidad para dar recomendaciones imparciales”.
Lo ocurrido deja ver que las políticas prohibicionistas, lejos de obedecer a decisiones racionales, corresponden a intereses de políticos y grupos económicos (como las tabacaleras, que durante décadas engañaron al mundo con información falsa sobre los efectos nocivos del tabaco) y están motivadas por prejuicios arraigados en la sociedad, que hacen que no veamos con malos ojos a quien fume o beba en público, pero que consideremos un degenerado a todo el que sin tapujos consuma una droga ilegal.
En su columna del domingo, Héctor Abad, buscando un compromiso razonable entre los defensores de la dosis personal y los prohibicionistas, propone que se permita el porte de la dosis mínima pero que se prohiba su consumo en lugares públicos.
Su propuesta, aunque conciliadora, no resuelve el problema de fondo. Héctor tiene razón cuando señala que la discusión está en saber cómo limitar las libertades individuales cuando éstas se convierten en un problema social.
Pero su análisis no tiene en cuenta que, por encima de otras consideraciones, es el peligro que cada droga representa para el usuario y la sociedad lo que determina su control o prohibición. Es obvio que ni el más tolerante permitiría el porte de una dosis personal de ántrax —sin importar cuál sea su propósito— y sólo un fanático prohibiría el consumo de té o café.
Con el fin de diseñar políticas racionales para el manejo de las drogas, el comité asesor del gobierno británico sobre el abuso de drogas, bajo la dirección del neurólogo y farmacólogo David Nutt, estableció una escala para clasificar los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta el daño físico, el potencial de adicción y los perjuicios causados a la sociedad.
Las conclusiones, publicadas en la revista médica The Lancet, mostraron que las drogas más peligrosas son la heroína, la cocaína y el crack, seguidas por los barbitúricos, el opio y la metadona. El alcohol ocupó el quinto lugar y el tabaco el noveno, por delante del LSD y la marihuana. Nutt y su equipo responsabilizaron al tabaco de causar más del 40% de los males tratados regularmente en los hospitales, y al alcohol, por más de la mitad de las visitas a las salas de urgencias, además de ser la primera causa de muertes violentas.
La reacción oficial no se hizo esperar: Nutt, que se había convertido en una piedra en el zapato por su costumbre de hacer públicas verdades desagradables, fue despedido por su “incapacidad para dar recomendaciones imparciales”.
Lo ocurrido deja ver que las políticas prohibicionistas, lejos de obedecer a decisiones racionales, corresponden a intereses de políticos y grupos económicos (como las tabacaleras, que durante décadas engañaron al mundo con información falsa sobre los efectos nocivos del tabaco) y están motivadas por prejuicios arraigados en la sociedad, que hacen que no veamos con malos ojos a quien fume o beba en público, pero que consideremos un degenerado a todo el que sin tapujos consuma una droga ilegal.
Estado de guerra
Por Antonio Caballero
OPINIÓN
La paz no es clima propicio para dictadores. Los del '1984' de Orwell se inventaron por eso la figura de la guerra perpetua.
Sábado 21 Noviembre 2009
Se preocupaba hace unas noches el candidato presidencial del Polo Gustavo Petro, con razón, por la escalada de los roces con Venezuela: la crisis le va a permitir al presidente Uribe proclamar el Estado de Guerra.
Tiene razón Petro, digo: nada más apetitoso para Uribe que una situación de conmoción en las fronteras. Si se produce, o se induce, una tensión suficiente en las relaciones con Venezuela, hay razones, o pretextos, para decretar el Estado de Guerra. Y de lado y lado se trabaja activamente en eso: insultos del presidente Hugo Chávez por televisión, interrupción del flujo del comercio, voladura de puentes peatonales, asesinatos misteriosos en la raya fronteriza, acusaciones mutuas (que Chávez respalda a las Farc, que Uribe organiza con el DAS y la CIA atentados contra Chávez), denuncias ante organismos multilaterales, hechos cumplidos como el de las bases gringas en Colombia o el de las gigantescas compras venezolanas de armamento. Y, también de lado y lado, un azuzamiento deliberado de los patrioterismos respectivos y de los respectivos caudillismos, presentados como necesarios. Chávez defiende a Venezuela de la agresión colombiana. Uribe defiende a Colombia de la agresión venezolana. Si hay guerra, o vientos de guerra, ¿cómo no proclamar el Estado de Guerra? Y regresar así a los tiempos de antes de la Constitución del 91, cuando Colombia pasó cien años casi ininterrumpidos bajo el régimen de excepción del Estado de Sitio: con las garantías constitucionales suspendidas y el Ejecutivo dotado de facultades extraordinarias. En la práctica, bajo la dictadura, sólo aliviada por las elecciones. Una dictadura como la sueñan los uribistas, y para empezar, el propio Uribe.
El Estado de Guerra, en efecto, es un estado superior del Estado de Opinión, ya definido por Uribe mismo ante el Congreso como "un estado superior del Estado de Derecho". Les sirve, claro está, no sólo a Uribe, sino a todos los caudillos aspirantes a la dictadura en sus países respectivos. A Chávez, que también está feliz: parece como si los dos se hubieran puesto de acuerdo. El Estado de Guerra es lo que mantuvo a Fidel Castro en el poder durante medio siglo, y ahora sostiene a su hermano. Es lo que permite que los Kim de Corea del Norte vayan ya por la tercera generación dinástica. Y a otra escala, a escala de catástrofe mundial, es lo que le sirvió a Hitler para suspender una y otra vez la Constitución alemana y conservar sus poderes absolutos -hasta que perdió la guerra. La paz no es clima propicio para los dictadores. Los del 1984 de Orwell se inventaron por eso la figura de la guerra perpetua. Acertaba Maquiavelo, siempre lúcido, cuando observaba que la fundamental tarea de los príncipes -si quieren seguir siéndolo- es la de hacer la guerra. Y acertaba también, por supuesto, Clausewitz en su manida fórmula según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. El brillante jurista nazi Carl Schmitt lo resumió llevándolo al extremo, al señalar como concepto central de "lo político" la distinción única entre amigo y enemigo: la guerra es la política. Y la guerra se libra desde el poder absoluto, desde la dictadura del Ejecutivo sin trabas legales ni contrapesos democráticos.
Ese es el pensamiento que inspira a Uribe -supongo que a través de asesores que han leído a Schmitt, como José Obdulio o Fernando Londoño. Por eso trata a sus adversarios como a enemigos de guerra, sean jueces críticos, parlamentarios de la oposición o periodistas no serviles: todos caen en el mismo saco de "auxiliares del terrorismo". Y es también el pensamiento de Schmitt el que inspira a Chávez, supongo que a través de consejeros como el difunto sociólogo argentino Norberto Ceresole: para Chávez, los anti-chavistas, que él llama "escuálidos" o "pitiyanquis", son traidores a la patria.
Y así Chávez y Uribe, para fortalecerse mutuamente, nos van a poner a venezolanos y colombianos a echarnos bala los unos a los otros.
Conmigo que no cuenten.
OPINIÓN
La paz no es clima propicio para dictadores. Los del '1984' de Orwell se inventaron por eso la figura de la guerra perpetua.
Sábado 21 Noviembre 2009
Se preocupaba hace unas noches el candidato presidencial del Polo Gustavo Petro, con razón, por la escalada de los roces con Venezuela: la crisis le va a permitir al presidente Uribe proclamar el Estado de Guerra.
Tiene razón Petro, digo: nada más apetitoso para Uribe que una situación de conmoción en las fronteras. Si se produce, o se induce, una tensión suficiente en las relaciones con Venezuela, hay razones, o pretextos, para decretar el Estado de Guerra. Y de lado y lado se trabaja activamente en eso: insultos del presidente Hugo Chávez por televisión, interrupción del flujo del comercio, voladura de puentes peatonales, asesinatos misteriosos en la raya fronteriza, acusaciones mutuas (que Chávez respalda a las Farc, que Uribe organiza con el DAS y la CIA atentados contra Chávez), denuncias ante organismos multilaterales, hechos cumplidos como el de las bases gringas en Colombia o el de las gigantescas compras venezolanas de armamento. Y, también de lado y lado, un azuzamiento deliberado de los patrioterismos respectivos y de los respectivos caudillismos, presentados como necesarios. Chávez defiende a Venezuela de la agresión colombiana. Uribe defiende a Colombia de la agresión venezolana. Si hay guerra, o vientos de guerra, ¿cómo no proclamar el Estado de Guerra? Y regresar así a los tiempos de antes de la Constitución del 91, cuando Colombia pasó cien años casi ininterrumpidos bajo el régimen de excepción del Estado de Sitio: con las garantías constitucionales suspendidas y el Ejecutivo dotado de facultades extraordinarias. En la práctica, bajo la dictadura, sólo aliviada por las elecciones. Una dictadura como la sueñan los uribistas, y para empezar, el propio Uribe.
El Estado de Guerra, en efecto, es un estado superior del Estado de Opinión, ya definido por Uribe mismo ante el Congreso como "un estado superior del Estado de Derecho". Les sirve, claro está, no sólo a Uribe, sino a todos los caudillos aspirantes a la dictadura en sus países respectivos. A Chávez, que también está feliz: parece como si los dos se hubieran puesto de acuerdo. El Estado de Guerra es lo que mantuvo a Fidel Castro en el poder durante medio siglo, y ahora sostiene a su hermano. Es lo que permite que los Kim de Corea del Norte vayan ya por la tercera generación dinástica. Y a otra escala, a escala de catástrofe mundial, es lo que le sirvió a Hitler para suspender una y otra vez la Constitución alemana y conservar sus poderes absolutos -hasta que perdió la guerra. La paz no es clima propicio para los dictadores. Los del 1984 de Orwell se inventaron por eso la figura de la guerra perpetua. Acertaba Maquiavelo, siempre lúcido, cuando observaba que la fundamental tarea de los príncipes -si quieren seguir siéndolo- es la de hacer la guerra. Y acertaba también, por supuesto, Clausewitz en su manida fórmula según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. El brillante jurista nazi Carl Schmitt lo resumió llevándolo al extremo, al señalar como concepto central de "lo político" la distinción única entre amigo y enemigo: la guerra es la política. Y la guerra se libra desde el poder absoluto, desde la dictadura del Ejecutivo sin trabas legales ni contrapesos democráticos.
Ese es el pensamiento que inspira a Uribe -supongo que a través de asesores que han leído a Schmitt, como José Obdulio o Fernando Londoño. Por eso trata a sus adversarios como a enemigos de guerra, sean jueces críticos, parlamentarios de la oposición o periodistas no serviles: todos caen en el mismo saco de "auxiliares del terrorismo". Y es también el pensamiento de Schmitt el que inspira a Chávez, supongo que a través de consejeros como el difunto sociólogo argentino Norberto Ceresole: para Chávez, los anti-chavistas, que él llama "escuálidos" o "pitiyanquis", son traidores a la patria.
Y así Chávez y Uribe, para fortalecerse mutuamente, nos van a poner a venezolanos y colombianos a echarnos bala los unos a los otros.
Conmigo que no cuenten.
Thursday, October 15, 2009
¡Uribe es diferente!
Amplios sectores apoyan a Uribe porque están obsesionados con el temor de la guerra, pero les resulta impermeable que nos estemos enrumbando peligrosamente hacia el autoritarismo.
Hipótesis: ¡Uribe es diferente!
Por Juan Carlos Palou Trias*
OPINIÓN
Jueves 8 Octubre 2009
En días pasados, al referirse al debate público en torno a la reelección, la revista SEMANA afirmaba que éste se ha adelantado con más entusiasmo que argumentos. Es decir, los enemigos de la reelección son más intensos que recursivos. Creo, por el contrario, que la discusión pública ha puesto en circulación un rico espectro de argumentos, muchos de los cuales tienen raíces en las controversias clásicas de la teoría y la filosofía política occidentales.
En mi opinión una controversia equiparable al dilema que enfrenta Colombia, se encuentra en los lúcidos análisis que hace el jurista alemán Martin Krielle al evaluar las teorías políticas de Thomas Hobbes. Según Krielle, los principales riesgos que debe afrontar un Estado en el orden interno son dos: la guerra civil y la tiranía . Hobbes estaba obsesionado con la guerra y consideraba que sólo podía ser conjurada por un príncipe todopoderoso. Para ello era necesario que los súbditos renunciaran a la libertad frente al monarca absoluto, El Leviatán, a cambio de la vida, la seguridad y el orden. Este arreglo se expresa en la conocida fórmula de “protección a cambio de obediencia”.
El sesgo antibélico de Hobbes le llevó a desconocer el otro gran riesgo, el de la tiranía. Aunque invocaba el famoso aforismo de que el “hombre es un lobo para el hombre”, abandonaba su coherencia ante el hombre todopoderoso. El monarca absoluto resultaba ser bueno para los otros hombres pues los liberaba de las incertidumbres de la guerra. Su famosa antropología pesimista se reducía a una formula contradictoria: El hombre es malo, menos el hombre que tiene todo el poder. Este es el origen del concepto de “gobernante iluminado”.
En contraposición a este absolutismo enceguecido, los juristas ingleses del siglo XVII proponían la idea de que la paz sólo es aceptable si permite la vida en libertad. Para lograr este doble objetivo-paz y libertad- es necesario construir “instituciones ilustradas” y no apoyarse en “gobernantes ilustrados”. Dentro de estas instituciones el Derecho resultaba estratégico.
Traducido a un lenguaje coloquial, la idea era: “no queremos que nos gobierne un hombre iluminado”, uno al que le “cabe el país en la cabeza”, como se acostumbra a decir en Colombia. Tal cosa no existe sino en la fantasía infantil y puede conducir a la tiranía.
La complejidad de las realidades sociales y políticas es parcialmente asible sólo a través de la mayor cantidad de cerebros pensantes y organizados por las normas jurídicas. En esa forma los procesos políticos de cambio, las decisiones y las reformas son lentos, engorrosos, llenos de vicisitudes y de exámenes desde los más diversos puntos de vista.
Estos costos aparentes se amortizan con un mayor conocimiento de la realidad, una disminución del riesgo de equivocarse y un incremento de legitimidad de las decisiones de impacto colectivo.
Trasladando ese debate a Colombia, uno podría decir no tanto que Uribe está obsesionado con la guerra sino que amplios sectores del país- de clase alta, media y popular- están obsesionados con el temor de la guerra. Esa obsesión es, en mi opinión, expresada en el famoso “Estado de Opinión”.
Lo lamentable es que tal estado de ánimo es impermeable a las ideas que alertan sobre el riesgo del autoritarismo. Y no estoy diciendo que estemos en un régimen autoritario –aunque muchos colombianos en las regiones vivan en condiciones de verdadera dictadura – sino que nos estamos enrumbando peligrosamente hacia él.
Al preguntarse en qué momento y por qué razón se instaló en tantos ciudadanos colombianos ese espíritu Hobbesiano, la respuesta obvia es que tal cosa ocurrió en el Gobierno de Pastrana y que fue una consecuencia del fallido proceso paz. La arrogancia de las Farc llenó de ira a muchos sectores sociales que en el pasado habían sido más tolerantes con la delincuencia política o por lo menos escépticos frente a la eficacia de las soluciones de fuerza.
Pero hay un factor adicional que explica el porqué tantos sectores urbanos – relativamente protegidos de las vicisitudes de la guerra- están poseídos por el espíritu belicista. La crisis económica que estalló durante el mismo gobierno de Pastrana.
La imagen emblemática de esa crisis es la de las familias de clase media, profesionales acomodados, que vendieron sus posesiones en Colombia para irse con su pequeña fortuna a buscar futuro en los países desarrollados. Esa crisis de origen multicausal fue atribuida también al proceso de paz y a la malevolencia de las Farc. Se incrementó así la percepción de letalidad de la guerrilla y se involucró en el miedo a la guerra a los sectores urbanos.
Uribe, con innegable talento político interpretó el temor, lo canalizó electoralmente y lo ha sabido mantener a lo largo de dos periodos presidenciales. La táctica para el mantenimiento del espíritu belicista ha sido mostrar incuestionables éxitos militares afirmando al mismo tiempo que la “culebra sigue viva”.
Por todo lo anterior, la riqueza de argumentos contra la reelección y las alertas contra los riesgos del autoritarismo han caído en suelo yermo. Esa circunstancia ha sido aprovechada por los áulicos del régimen para degradar el debate.
Véase sino lo que J.O.Gaviria – intelectual orgánico del régimen- opina de las ideas de los contradictores: “bobada”, “basura conceptual…que vomitan”; “Garrapatean a las carreras cualquier …columna”; “preguntan majaderías”; “comentan…. un sartal de chismes”.
Adicionalmente, califica a los contradictores de bigornia, que el diccionario de la lengua define como:“Gente pendenciera que andaba (¿o anda?) en cuadrilla para hacerse temer” . Y todo eso en una sola columna. De hecho es significativo que tal columna se denomine “¿quién les va a creer?”. Este título expresa como concibe JOG el debate político actual: es una cuestión de fe. A un lado, los herejes, profetas de la catástrofe; al otro, los ortodoxos, que han depositado toda su fe en el (único) gobernante iluminado, de inteligencia superior. La argumentación y la persuasión razonada están excluidas de las discusiones religiosas.
Muchos de los argumentos contra la reelección y las alertas contra el riesgo de autoritarismo, se apuntalan en añejas reflexiones de la teoría y la filosofía políticas. No son por tanto hipótesis descabelladas ni histéricas profecías catastrofistas. Son tesis cuya validez ha sido reiterada por la historia política. Pero frente a esas reflexiones la respuesta de los reeleccionistas es una hipótesis, esa sí, descabellada: ¡Uribe es diferente!
*Juan Carlos Palou es coordinador del área de Construcción de Paz y Postconflicto, de la Fundación Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org).
Hipótesis: ¡Uribe es diferente!
Por Juan Carlos Palou Trias*
OPINIÓN
Jueves 8 Octubre 2009
En días pasados, al referirse al debate público en torno a la reelección, la revista SEMANA afirmaba que éste se ha adelantado con más entusiasmo que argumentos. Es decir, los enemigos de la reelección son más intensos que recursivos. Creo, por el contrario, que la discusión pública ha puesto en circulación un rico espectro de argumentos, muchos de los cuales tienen raíces en las controversias clásicas de la teoría y la filosofía política occidentales.
En mi opinión una controversia equiparable al dilema que enfrenta Colombia, se encuentra en los lúcidos análisis que hace el jurista alemán Martin Krielle al evaluar las teorías políticas de Thomas Hobbes. Según Krielle, los principales riesgos que debe afrontar un Estado en el orden interno son dos: la guerra civil y la tiranía . Hobbes estaba obsesionado con la guerra y consideraba que sólo podía ser conjurada por un príncipe todopoderoso. Para ello era necesario que los súbditos renunciaran a la libertad frente al monarca absoluto, El Leviatán, a cambio de la vida, la seguridad y el orden. Este arreglo se expresa en la conocida fórmula de “protección a cambio de obediencia”.
El sesgo antibélico de Hobbes le llevó a desconocer el otro gran riesgo, el de la tiranía. Aunque invocaba el famoso aforismo de que el “hombre es un lobo para el hombre”, abandonaba su coherencia ante el hombre todopoderoso. El monarca absoluto resultaba ser bueno para los otros hombres pues los liberaba de las incertidumbres de la guerra. Su famosa antropología pesimista se reducía a una formula contradictoria: El hombre es malo, menos el hombre que tiene todo el poder. Este es el origen del concepto de “gobernante iluminado”.
En contraposición a este absolutismo enceguecido, los juristas ingleses del siglo XVII proponían la idea de que la paz sólo es aceptable si permite la vida en libertad. Para lograr este doble objetivo-paz y libertad- es necesario construir “instituciones ilustradas” y no apoyarse en “gobernantes ilustrados”. Dentro de estas instituciones el Derecho resultaba estratégico.
Traducido a un lenguaje coloquial, la idea era: “no queremos que nos gobierne un hombre iluminado”, uno al que le “cabe el país en la cabeza”, como se acostumbra a decir en Colombia. Tal cosa no existe sino en la fantasía infantil y puede conducir a la tiranía.
La complejidad de las realidades sociales y políticas es parcialmente asible sólo a través de la mayor cantidad de cerebros pensantes y organizados por las normas jurídicas. En esa forma los procesos políticos de cambio, las decisiones y las reformas son lentos, engorrosos, llenos de vicisitudes y de exámenes desde los más diversos puntos de vista.
Estos costos aparentes se amortizan con un mayor conocimiento de la realidad, una disminución del riesgo de equivocarse y un incremento de legitimidad de las decisiones de impacto colectivo.
Trasladando ese debate a Colombia, uno podría decir no tanto que Uribe está obsesionado con la guerra sino que amplios sectores del país- de clase alta, media y popular- están obsesionados con el temor de la guerra. Esa obsesión es, en mi opinión, expresada en el famoso “Estado de Opinión”.
Lo lamentable es que tal estado de ánimo es impermeable a las ideas que alertan sobre el riesgo del autoritarismo. Y no estoy diciendo que estemos en un régimen autoritario –aunque muchos colombianos en las regiones vivan en condiciones de verdadera dictadura – sino que nos estamos enrumbando peligrosamente hacia él.
Al preguntarse en qué momento y por qué razón se instaló en tantos ciudadanos colombianos ese espíritu Hobbesiano, la respuesta obvia es que tal cosa ocurrió en el Gobierno de Pastrana y que fue una consecuencia del fallido proceso paz. La arrogancia de las Farc llenó de ira a muchos sectores sociales que en el pasado habían sido más tolerantes con la delincuencia política o por lo menos escépticos frente a la eficacia de las soluciones de fuerza.
Pero hay un factor adicional que explica el porqué tantos sectores urbanos – relativamente protegidos de las vicisitudes de la guerra- están poseídos por el espíritu belicista. La crisis económica que estalló durante el mismo gobierno de Pastrana.
La imagen emblemática de esa crisis es la de las familias de clase media, profesionales acomodados, que vendieron sus posesiones en Colombia para irse con su pequeña fortuna a buscar futuro en los países desarrollados. Esa crisis de origen multicausal fue atribuida también al proceso de paz y a la malevolencia de las Farc. Se incrementó así la percepción de letalidad de la guerrilla y se involucró en el miedo a la guerra a los sectores urbanos.
Uribe, con innegable talento político interpretó el temor, lo canalizó electoralmente y lo ha sabido mantener a lo largo de dos periodos presidenciales. La táctica para el mantenimiento del espíritu belicista ha sido mostrar incuestionables éxitos militares afirmando al mismo tiempo que la “culebra sigue viva”.
Por todo lo anterior, la riqueza de argumentos contra la reelección y las alertas contra los riesgos del autoritarismo han caído en suelo yermo. Esa circunstancia ha sido aprovechada por los áulicos del régimen para degradar el debate.
Véase sino lo que J.O.Gaviria – intelectual orgánico del régimen- opina de las ideas de los contradictores: “bobada”, “basura conceptual…que vomitan”; “Garrapatean a las carreras cualquier …columna”; “preguntan majaderías”; “comentan…. un sartal de chismes”.
Adicionalmente, califica a los contradictores de bigornia, que el diccionario de la lengua define como:“Gente pendenciera que andaba (¿o anda?) en cuadrilla para hacerse temer” . Y todo eso en una sola columna. De hecho es significativo que tal columna se denomine “¿quién les va a creer?”. Este título expresa como concibe JOG el debate político actual: es una cuestión de fe. A un lado, los herejes, profetas de la catástrofe; al otro, los ortodoxos, que han depositado toda su fe en el (único) gobernante iluminado, de inteligencia superior. La argumentación y la persuasión razonada están excluidas de las discusiones religiosas.
Muchos de los argumentos contra la reelección y las alertas contra el riesgo de autoritarismo, se apuntalan en añejas reflexiones de la teoría y la filosofía políticas. No son por tanto hipótesis descabelladas ni histéricas profecías catastrofistas. Son tesis cuya validez ha sido reiterada por la historia política. Pero frente a esas reflexiones la respuesta de los reeleccionistas es una hipótesis, esa sí, descabellada: ¡Uribe es diferente!
*Juan Carlos Palou es coordinador del área de Construcción de Paz y Postconflicto, de la Fundación Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org).
Monday, October 05, 2009
El hambre y la guerra
El hambre y la guerra
Por Antonio Caballero
OPINIÓN
Como apuntaba Jaime Bateman hace 30 años, mientras haya gente que tiene que salir a buscar el desayuno con cuchillo, habrá guerra en Colombia.
Sábado 3 Octubre 2009
El omnipotente presidente Álvaro Uribe acaba de reconocer sus límites con respecto a la creciente inseguridad urbana, que no se le puede achacar únicamente a la incompetencia de los alcaldes. "No estamos en condiciones fiscales de atender los requerimientos de la fuerza pública en todas las ciudades", dijo Uribe en un Consejo de Seguridad, para explicar por qué no es posible seguir incrementando los efectivos policiales, insuficientes todavía pese a que en los últimos seis años han pasado de 112.000 a 145.000 hombres. En efecto, son las Fuerzas Militares las que se llevan la tajada mayor del ingente presupuesto de Defensa del gobierno, que asciende a casi 30 billones de pesos. Así pueden encargarse de la seguridad en el campo: la llamada "seguridad democrática" que constituye el puntal fundamental de la política uribista y que, según los uribistas, ha sido un éxito. Ya pueden volver a sus fincas.
Pero resulta que, en aparente paradoja, es esa misma "seguridad democrática" en el campo la que genera la inseguridad en las ciudades. Esta viene del éxodo campesino provocado por la guerra en el campo, y que suma entre tres y cinco millones de personas, según quien dé las cifras: un éxodo que no encuentra trabajo en las ciudades, en donde no lo hay ni siquiera para los citadinos, y en consecuencia tiene que vivir del rebusque y del delito. El Dane acaba de publicar cifras que, con todo y ser del Dane -o sea, maquilladas y edulcoradas-, resultan escalofriantes: calculan el desempleo absoluto en casi dos millones y medio de personas, e informan que más del 30 por ciento de la población activa se halla en situación de subempleo. La reforma laboral del primer gobierno de Uribe, que despojó a los trabajadores de tantas conquistas, no creó en cambio ni un solo puesto de trabajo nuevo.
Por eso señala El Espectador que, según "los expertos", la inseguridad urbana no se combate sólo con policía, sino también "dando adecuada respuesta a la problemática social de las capitales".
Lo cual es descubrir que el agua moja, que es lo que suelen hacer los expertos.
Tienen razón, claro. El agua moja. Traduciendo al lenguaje llano la expresión "problemática social" puede decirse: lo que dispara los índices de inseguridad es el hambre. Como apuntaba Jaime Bateman hace 30 años, mientras haya gente que tiene que salir a buscar el desayuno con un cuchillo, habrá guerra en Colombia.
Otros expertos subrayan también el factor del narcotráfico. También con razón. Pero es que también el narcotráfico, desde los pobres campesinos cocaleros y los miserables raspachines hasta los pescadores que desafían el océano Pacífico en semisumergibles artesanales, pasando por los sicarios de la mafia, es en buena medida producto del hambre. El narcotráfico -como el rebusque- es un paliativo del hambre: la única fuente de empleo, con el paramilitarismo y la guerrilla, y el crecimiento de las Fuerzas Armadas, que es segura en Colombia. La "oficina de correos" de Envigado debe de dar tantos puestos de trabajo como todo el "sindicato antioqueño". Y un frente de las Farc o una "banda emergente" emplean a tantos jóvenes como la más grande empresa del país.
Por Antonio Caballero
OPINIÓN
Como apuntaba Jaime Bateman hace 30 años, mientras haya gente que tiene que salir a buscar el desayuno con cuchillo, habrá guerra en Colombia.
Sábado 3 Octubre 2009
El omnipotente presidente Álvaro Uribe acaba de reconocer sus límites con respecto a la creciente inseguridad urbana, que no se le puede achacar únicamente a la incompetencia de los alcaldes. "No estamos en condiciones fiscales de atender los requerimientos de la fuerza pública en todas las ciudades", dijo Uribe en un Consejo de Seguridad, para explicar por qué no es posible seguir incrementando los efectivos policiales, insuficientes todavía pese a que en los últimos seis años han pasado de 112.000 a 145.000 hombres. En efecto, son las Fuerzas Militares las que se llevan la tajada mayor del ingente presupuesto de Defensa del gobierno, que asciende a casi 30 billones de pesos. Así pueden encargarse de la seguridad en el campo: la llamada "seguridad democrática" que constituye el puntal fundamental de la política uribista y que, según los uribistas, ha sido un éxito. Ya pueden volver a sus fincas.
Pero resulta que, en aparente paradoja, es esa misma "seguridad democrática" en el campo la que genera la inseguridad en las ciudades. Esta viene del éxodo campesino provocado por la guerra en el campo, y que suma entre tres y cinco millones de personas, según quien dé las cifras: un éxodo que no encuentra trabajo en las ciudades, en donde no lo hay ni siquiera para los citadinos, y en consecuencia tiene que vivir del rebusque y del delito. El Dane acaba de publicar cifras que, con todo y ser del Dane -o sea, maquilladas y edulcoradas-, resultan escalofriantes: calculan el desempleo absoluto en casi dos millones y medio de personas, e informan que más del 30 por ciento de la población activa se halla en situación de subempleo. La reforma laboral del primer gobierno de Uribe, que despojó a los trabajadores de tantas conquistas, no creó en cambio ni un solo puesto de trabajo nuevo.
Por eso señala El Espectador que, según "los expertos", la inseguridad urbana no se combate sólo con policía, sino también "dando adecuada respuesta a la problemática social de las capitales".
Lo cual es descubrir que el agua moja, que es lo que suelen hacer los expertos.
Tienen razón, claro. El agua moja. Traduciendo al lenguaje llano la expresión "problemática social" puede decirse: lo que dispara los índices de inseguridad es el hambre. Como apuntaba Jaime Bateman hace 30 años, mientras haya gente que tiene que salir a buscar el desayuno con un cuchillo, habrá guerra en Colombia.
Otros expertos subrayan también el factor del narcotráfico. También con razón. Pero es que también el narcotráfico, desde los pobres campesinos cocaleros y los miserables raspachines hasta los pescadores que desafían el océano Pacífico en semisumergibles artesanales, pasando por los sicarios de la mafia, es en buena medida producto del hambre. El narcotráfico -como el rebusque- es un paliativo del hambre: la única fuente de empleo, con el paramilitarismo y la guerrilla, y el crecimiento de las Fuerzas Armadas, que es segura en Colombia. La "oficina de correos" de Envigado debe de dar tantos puestos de trabajo como todo el "sindicato antioqueño". Y un frente de las Farc o una "banda emergente" emplean a tantos jóvenes como la más grande empresa del país.
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