Por Juan Diego Restrepo E. *
OPINIÓN
Alonso Salazar tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico, pero no a desconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.
Viernes 29 Enero 2010
La situación de violencia en Medellín es muy grave y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, está pasando de la preocupación al desespero que lo lleva a cometer errores que desdicen de la dignidad del cargo que ocupa. Acusa a las autoridades judiciales por la ineficacia al afrontar las investigaciones contra los generadores de violencia; se va lanza en ristre contra aquellas comunidades que, día a día, padecen los efectos de un conflicto armado urbano que parece no tener fin; y se muestra contradictorio en rechazar la propuesta presidencial de integrar jóvenes estudiantes a la red de informantes del Ejército.
El Alcalde tiene derecho a expresar sus opiniones y a entablar un debate crítico con los diversos sectores estatales y sociales, pero no a desconocer garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1991. El pasado 19 de enero, en hechos que registró una cámara del informativo local Hora 13 Noticias, Salazar Jaramillo increpó en las calles del barrio Popular N° 1 a una joven embarazada que denunció atropellos cometidos por varios uniformados cerca del lugar donde se encontraba el mandatario local.
La mujer denunció que los agentes de Policía estaban aporreando a varios jóvenes, entre ellos a un hijo suyo, menor de edad. Incluso, ella misma había recibido algunos golpes en los pies. Versiones oficiales aseguraron que algunos pobladores habían evitado la captura de un muchacho y que por ello la Policía tuvo que actuar de esa manera. En lugar de calmarla y escucharla, el Alcalde le respondió airadamente: “usted pone la denuncia contra la Policía y yo voy a poner la denuncia por asonada y terrorismo”. La autoridad civil de la ciudad se desdibujó y parecía un pendenciero de esquina enfrentado de igual a igual con mujeres que además de vivir en la miseria, tienen que soportar la violencia de las bandas y, ahora, la arbitrariedad oficial.
No contento con amenazar penalmente a la mujer, ante la cámara del noticiero aseveró que “no voy a dejar indefensa a la Policía, no la puedo dejar sola, ni voy a dejar que por cualquier populismo se diga que la Policía está violando los derechos humanos”. Ahora resulta que denunciar los atropellos de la fuerza pública “es populismo”. El Alcalde olvida que la mejor defensa de la Policía es garantizar que no incurra en actos de arbitrariedad que la igualen con la criminalidad y que, en lugar de inculpar a los denunciantes, su deber es escuchar las denuncias y promover su investigación.
Al asumir la inocencia a priori de la fuerza pública y presumir la mala fe de los denunciantes, Salazar termina por validar el uso arbitrario de la fuerza y reforzar la violencia que se quiere superar. Durante el último año muchos ciudadanos han denunciado que algunos agentes de Policía han tomando partido por uno u otro grupo armado ilegal en varias comunas y se han articulado a su accionar delictivo, pero no encuentran autoridades civiles receptivas. El Alcalde parece ignorar que un obstáculo que dificulta resolver esta conflictividad violenta es la pérdida de confianza y legitimidad de los organismos de seguridad y la inexistencia de una fluida y respetuosa comunicación entre Alcalde y ciudadanos.
Una vez acabó la discusión con la joven embarazada, Salazar hizo otra afirmación que sorprende viniendo de alguien que se formó entre defensores de derechos humanos: “son personas, sobre todo familiares de los propios delincuentes de esta comunidad, que se quieren esconder en la bandera de derechos humanos para impedir la acción de las autoridades. No pueden hacerlo”.
¿Qué no pueden hacerlo? ¿De dónde saca semejante exabrupto jurídico? Al Alcalde se le olvidan las garantías constitucionales de las que gozan, incluso, los ciudadanos criminales. El Artículo 33 de la Carta Política establece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
El actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) recogió ese principio constitucional y en los numerales (a) y (b) del artículo 8° consagró que una persona procesada tiene derecho a “no ser obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” y a “no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad”.
La concepción anti garantista expresada por Salazar coincide de manera preocupante con la forma de pensar del coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. En un artículo publicado en el periódico El Mundo (25 de enero de 2010), este oficial se quejó abiertamente del Sistema Penal Oral Acusatorio por cuanto, según él, no tenía en cuenta la realidad social colombiana, sino que estaba pensado para países como Suiza que tiene delincuentes ocasionales y agregó: “el Legislativo no contó con que en Medellín hay casi que una delincuencia genética y no se puede ser tan blando, ni ofrecer tantas garantías con quien comete un delito”.
El coronel Martínez debería saber que, en una democracia, la potestad punitiva del Estado tiene límites para no incurrir en nuevas injusticias y que las personas no nacen delincuentes. Sus palabras inquietan porque criminalizan la marginalidad, alientan la arbitrariedad y la represión, y niegan el régimen de garantías que soportan nuestra ya endeble democracia. Es oportuno advertir que de interpretar la criminalidad como un asunto genético a justificar atajos extralegales y medidas arbitrarias para resolver la compleja violencia urbana sólo hay un paso.
Otro síntoma de la impulsividad que parece evidenciar Salazar se reflejó en sus declaraciones sobre la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de incorporar a la red de informantes del Ejército a mil estudiantes de la ciudad. Minutos después de escucharse la idea del Jefe de Estado, el Alcalde de Medellín aseveró ante los medios que “si podemos apoyarla, me parece bien”.
Un día después, y ante la magnitud que alcanzó el debate, admitió que se había equivocado en su apreciación inicial: “tengo que reconocer que quizás en el momento y como ya estábamos en cierta premura, no miré ni dimensioné. No puedo decir que no nos consultó; si, efectivamente. Quizás no la digerimos suficientemente. No tengo problema en decir que no la pensé bien”.
Ante la peligrosa combinación de autoritarismo, soberbia, antigarantismo e impulsividad, es necesario anteponer un gran esfuerzo intelectual que movilice varios sectores sociales para diseñar estrategias creativas que empiecen por eliminar la corrupción de la institución policial y proteger a los jóvenes de la posibilidad de terminar atrapados en la espiral de la violencia con programas de seguridad alimentaria, educación de calidad y arte
Monday, February 01, 2010
Tuesday, January 19, 2010
El Estado de Opinión, sin límites
El Estado de Opinión, sin límites
Por Juan Diego Restrepo E.*
OPINIÓN
Preocupa la consonancia ideológica entre el presidente Uribe y el procurador Ordóñez sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de poderes.
Jueves 14 Enero 2010
La petición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de declarar exequible la Ley 1354 de 2009 a través de la cual se convoca a un referendo para avalar un nuevo cambio constitucional que le permita al actual Presidente de la República postularse por segunda vez a un proceso electoral, revela un paradigma político que ha hecho carrera en Colombia: las normas tienen límites, pero el llamado Estado de Opinión, fundado en la voluntad del pueblo, no.
Tal paradigma ha llevado a que el actual Jefe del Ministerio Público minimice, de un lado, el conjunto de irregularidades que se presentaron durante el trámite del proyecto de Ley, desde la financiación de la recolección de las firmas hasta su paso por Cámara y Senado, alegando que a ellos se impone la voluntad popular; y, de otro, conceptúe que la Corte Constitucional sólo debe abordar el estudio de forma y no de fondo de la reforma propuesta.
El pronunciamiento del procurador Ordóñez es ya una pieza clásica del llamado Estado de Opinión, concepto acuñado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde octubre de 2008 y que, en esencia, sitúa la opinión pública por encima del Estado de Derecho. En su concepto de exequibilidad acogió con rigurosidad el espíritu de esa idea y la expresó claramente en su pronunciamiento: "Debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico".
En ese sentido, resulta obvio que las irregularidades presentadas durante el trámite de la Ley 1354 de 2009 no fueran consideradas como causales de inexequibilidad de la norma y se redujera su impacto al “orden personal y administrativo”, como en el caso de la violación de los topes de financiación de la recolección de firmas; o interpretara que no era necesaria la publicación en el Diario Oficial del Decreto 4742 que citó a sesiones extras en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley reeleccionista el 16 de diciembre de 2008, por cuanto “se anunció en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de ese día, y fue transmitido por los medios de comunicación el mismo día”; o determinara que el cambio de partido político en el transcurso del debate del proyecto de ley de algunos congresistas “no constituye vicio de trámite legislativo, pues la consecuencia que el ordenamiento jurídico establece para dichos actos es la responsabilidad personal del parlamentario en relación con su partido o movimiento político”.
Pero así como el procurador acomodó el ordenamiento jurídico para minimizar las irregularidades y ajustarlo al llamado Estado de Opinión, no vaciló en precisarle el ámbito de actuación de la Corte Constitucional, que a su juicio debe ser un estudio de forma y no de fondo: “la revisión del cuestionamiento que pretende modificar la Carta Política se limita al aspecto meramente formal, es decir, a que gramaticalmente la pregunta esté bien formulada y no presente partes oscuras que induzcan a error al elector, preservando que el interrogante sea claro, entendible y que le permita al ciudadano comprender la esencia de la reforma constitucional que se quiere”.
Afortunadamente, el pronunciamiento del Procurador no es vinculante, es decir, no es de estricto cumplimiento por parte de la Corte Constitucional; se tendrá en cuenta como lo que es, un concepto derivado de un control de constitucionalidad por parte del Ministerio Público.
Lo que sí debe preocuparle al país es la consonancia ideológica entre el pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez y el del procurador Ordóñez Maldonado sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de la Procuraduría General de la Nación en su tarea constitucional de proteger el patrimonio público, promover la protección de los derechos fundamentales y vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley .
Con el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, el Estado de Opinión ya no tiene límites, salvo los que le impongan las fuerzas ideológicas dominantes. Espero, como muchos colombianos cansados de esta falsa democracia nacional, que en la Corte Constitucional prime el Estado de Derecho y contribuya a superar, de una vez por todas, la visión teológica según la cual la suerte política del país está en manos de Dios.
Jueves 14 Enero 2010
La petición del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de declarar exequible la Ley 1354 de 2009 a través de la cual se convoca a un referendo para avalar un nuevo cambio constitucional que le permita al actual Presidente de la República postularse por segunda vez a un proceso electoral, revela un paradigma político que ha hecho carrera en Colombia: las normas tienen límites, pero el llamado Estado de Opinión, fundado en la voluntad del pueblo, no.
Tal paradigma ha llevado a que el actual Jefe del Ministerio Público minimice, de un lado, el conjunto de irregularidades que se presentaron durante el trámite del proyecto de Ley, desde la financiación de la recolección de las firmas hasta su paso por Cámara y Senado, alegando que a ellos se impone la voluntad popular; y, de otro, conceptúe que la Corte Constitucional sólo debe abordar el estudio de forma y no de fondo de la reforma propuesta.
El pronunciamiento del procurador Ordóñez es ya una pieza clásica del llamado Estado de Opinión, concepto acuñado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde octubre de 2008 y que, en esencia, sitúa la opinión pública por encima del Estado de Derecho. En su concepto de exequibilidad acogió con rigurosidad el espíritu de esa idea y la expresó claramente en su pronunciamiento: "Debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico".
En ese sentido, resulta obvio que las irregularidades presentadas durante el trámite de la Ley 1354 de 2009 no fueran consideradas como causales de inexequibilidad de la norma y se redujera su impacto al “orden personal y administrativo”, como en el caso de la violación de los topes de financiación de la recolección de firmas; o interpretara que no era necesaria la publicación en el Diario Oficial del Decreto 4742 que citó a sesiones extras en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley reeleccionista el 16 de diciembre de 2008, por cuanto “se anunció en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de ese día, y fue transmitido por los medios de comunicación el mismo día”; o determinara que el cambio de partido político en el transcurso del debate del proyecto de ley de algunos congresistas “no constituye vicio de trámite legislativo, pues la consecuencia que el ordenamiento jurídico establece para dichos actos es la responsabilidad personal del parlamentario en relación con su partido o movimiento político”.
Pero así como el procurador acomodó el ordenamiento jurídico para minimizar las irregularidades y ajustarlo al llamado Estado de Opinión, no vaciló en precisarle el ámbito de actuación de la Corte Constitucional, que a su juicio debe ser un estudio de forma y no de fondo: “la revisión del cuestionamiento que pretende modificar la Carta Política se limita al aspecto meramente formal, es decir, a que gramaticalmente la pregunta esté bien formulada y no presente partes oscuras que induzcan a error al elector, preservando que el interrogante sea claro, entendible y que le permita al ciudadano comprender la esencia de la reforma constitucional que se quiere”.
Afortunadamente, el pronunciamiento del Procurador no es vinculante, es decir, no es de estricto cumplimiento por parte de la Corte Constitucional; se tendrá en cuenta como lo que es, un concepto derivado de un control de constitucionalidad por parte del Ministerio Público.
Lo que sí debe preocuparle al país es la consonancia ideológica entre el pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez y el del procurador Ordóñez Maldonado sobre la concepción del Estado de Opinión, pues está en riesgo la independencia de la Procuraduría General de la Nación en su tarea constitucional de proteger el patrimonio público, promover la protección de los derechos fundamentales y vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley .
Con el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, el Estado de Opinión ya no tiene límites, salvo los que le impongan las fuerzas ideológicas dominantes. Espero, como muchos colombianos cansados de esta falsa democracia nacional, que en la Corte Constitucional prime el Estado de Derecho y contribuya a superar, de una vez por todas, la visión teológica según la cual la suerte política del país está en manos de Dios.
Tuesday, January 05, 2010
Medellín te sorprende de día y de noche
“Medellín te sorprende de día y de noche”
Por Juan Diego Restrepo E.*
En su edición de diciembre de 2009, la revista Únete, una publicación mensual de UNE EPM Telecomunicaciones, afirma que “con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos y bajo el lema ‘En diciembre, Medellín te sorprenderá de día y de noche’, la Alcaldía de Medellín y EPM trabajarán en equipo para que todos puedan disfrutar de una ciudad de ensueño”.
Lamento profundamente contradecir tan flamante afirmación de “ciudad de ensueño”, pues en Medellín estamos muy lejos de esa condición, que solo cabe en la cabeza de publicistas y de aquellos que les pagan sus honorarios para que esos imaginarios sean construidos y promovidos en el país y en el extranjero.
En un acto de lealtad con los lectores, debo reconocer que esta columna la escribo con dolor. En menos de un mes, la violencia que ocultan esos mensajes publicitarios acabó con la vida de dos líderes barriales que lucharon incansablemente por sus comunidades. Esos dos hombres eran Jorge Murillo y John Alexander Pulgarín.
A Jorge Murillo, un grueso moreno oriundo del Chocó, lo conocí el 30 de septiembre de este año. Él integraba una de las 300 familias que resultaron damnificadas en el incendio del asentamiento de desplazados Mano de Dios, ocurrido el 6 de marzo de 2003 en Medellín. En atención a esta tragedia, fue construido en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, el barrio Nuevo Amanecer. Los primeros afectados llegaron allí a finales del 2004.
Pero las soluciones de vivienda fueron mal construidas y se obviaron las dotaciones urbanísticas. Esta situación llevó a Jorge y a varios de sus pobladores a liderar desde el 2005 acciones jurídicas contra la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Nación y la empresa constructora, con el fin de corregir las falencias. Y justo este año, cuando se estaban confrontando en los estrados judiciales las irregularidades cometidas en la construcción del barrio, comenzaron las intimidaciones contra Jorge por parte de un grupo paramilitar que opera en el corregimiento Altavista. Ante la inminencia de su muerte abandonó la ciudad.
Pero no sólo las amenazas decidieron la suerte de Jorge. También tuvo que ver en su decisión las deficiencias en la atención en su caso. Yo estuve a su lado cuando habló con un secretario del despacho a quien le narró su drama para que lo ayudara, pero éste lo remitió a otro funcionario, quien le dijo que no se podía hacer nada porque las amenazas no provenían de “un grupo legamente reconocido”.
Nadie entendió ese concepto, más de índole burocrático que humanitario, pero sirvió para que este líder barrial y su familia abandonara el barrio al amanecer del lunes 11 de octubre y dejara atrás sus años de líder comunitario. Decepcionado, viajó a Corozal, Sucre, y se instaló allí con su esposa y sus tres hijos. Pero lo que no hicieron los paramilitares, lo hizo un virus letal: el pasado 15 de diciembre murió en un centro asistencial, rodeado de sus seres queridos. Su doloroso deceso es, sin duda alguna, una consecuencia cruel de la guerra que padece esta “ciudad de ensueño”. Así algunos no lo admitan, este conflicto también mata de pena moral.
A John Alexander Pulgarín lo conocí hace poco más de dos años. Valiente, comprometido y arriesgado. Nació, vivió y trabajó en la comuna 8 de Medellín, en el oriente de la ciudad. Denunció las amenazas paramilitares posteriores a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (noviembre de 2003) y Héroes de Granada (agosto de 2005) en su barrio. Persistió en señalar que los reinsertados continuaban con sus estrategias de control social y territorial, a través de las cuales se vulneraban los derechos de los pobladores, pero no tuvo mucho eco.
En el segundo semestre del 2008, Pulgarín se convirtió en uno de los testigos del proceso penal adelantado contra John William López Echavarría, alias ‘Memín’, reinsertado del bloque Cacique Nutibara, quien en sus años de desmovilizado trasegó entre la legalidad y la ilegalidad hasta cuando fue capturado el 16 de mayo de 2008. Tras un juicio trágico, que dejó cuatro testigos de la Fiscalía muertos, fue sentenciado a 23 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.
Militante del Polo Democrático, líder barrial, integrante del grupo de trabajo de la miembro activo de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y fundador de la Corporación Construcción Ciudadana, John Alexander estuvo presto a proponer salidas civilistas a partir del reconocimiento del conflicto armado, pero ese tipo de ideas, en una “ciudad de ensueño” como Medellín, son mal recibidas. Este hombre murió asesinado en las calles del barrio Las Estancias, el pasado domingo en las horas de la tarde. Dos hombres le propinaron seis disparos en la cara.
El paramilitarismo en Medellín, así como en diversas regiones del departamento y el país está activo. Si bien la lucha de estos grupos armados ilegales no tienen como objetivo de su acción las milicias urbanas de la guerrilla, porque ya fueron derrotadas, actualmente tienen en su mira a todos aquellos líderes barriales que desde una perspectiva comunitaria reivindican los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Esos siguen siendo sus “enemigos”.
No nos podemos seguir diciendo mentiras. No podemos seguir construyendo imágenes urbanas irreales que lo que generan es una profunda indolencia ciudadana. Me apena insistir, pero esa imagen de “ciudad de ensueño” que plantean de Medellín es falsa. La realidad en la calle se está acercando más a una pesadilla. Las muertes de Jorge y de Alexander así lo evidencian. Paz en sus tumbas.
Por Juan Diego Restrepo E.*
En su edición de diciembre de 2009, la revista Únete, una publicación mensual de UNE EPM Telecomunicaciones, afirma que “con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos y bajo el lema ‘En diciembre, Medellín te sorprenderá de día y de noche’, la Alcaldía de Medellín y EPM trabajarán en equipo para que todos puedan disfrutar de una ciudad de ensueño”.
Lamento profundamente contradecir tan flamante afirmación de “ciudad de ensueño”, pues en Medellín estamos muy lejos de esa condición, que solo cabe en la cabeza de publicistas y de aquellos que les pagan sus honorarios para que esos imaginarios sean construidos y promovidos en el país y en el extranjero.
En un acto de lealtad con los lectores, debo reconocer que esta columna la escribo con dolor. En menos de un mes, la violencia que ocultan esos mensajes publicitarios acabó con la vida de dos líderes barriales que lucharon incansablemente por sus comunidades. Esos dos hombres eran Jorge Murillo y John Alexander Pulgarín.
A Jorge Murillo, un grueso moreno oriundo del Chocó, lo conocí el 30 de septiembre de este año. Él integraba una de las 300 familias que resultaron damnificadas en el incendio del asentamiento de desplazados Mano de Dios, ocurrido el 6 de marzo de 2003 en Medellín. En atención a esta tragedia, fue construido en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, el barrio Nuevo Amanecer. Los primeros afectados llegaron allí a finales del 2004.
Pero las soluciones de vivienda fueron mal construidas y se obviaron las dotaciones urbanísticas. Esta situación llevó a Jorge y a varios de sus pobladores a liderar desde el 2005 acciones jurídicas contra la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Nación y la empresa constructora, con el fin de corregir las falencias. Y justo este año, cuando se estaban confrontando en los estrados judiciales las irregularidades cometidas en la construcción del barrio, comenzaron las intimidaciones contra Jorge por parte de un grupo paramilitar que opera en el corregimiento Altavista. Ante la inminencia de su muerte abandonó la ciudad.
Pero no sólo las amenazas decidieron la suerte de Jorge. También tuvo que ver en su decisión las deficiencias en la atención en su caso. Yo estuve a su lado cuando habló con un secretario del despacho a quien le narró su drama para que lo ayudara, pero éste lo remitió a otro funcionario, quien le dijo que no se podía hacer nada porque las amenazas no provenían de “un grupo legamente reconocido”.
Nadie entendió ese concepto, más de índole burocrático que humanitario, pero sirvió para que este líder barrial y su familia abandonara el barrio al amanecer del lunes 11 de octubre y dejara atrás sus años de líder comunitario. Decepcionado, viajó a Corozal, Sucre, y se instaló allí con su esposa y sus tres hijos. Pero lo que no hicieron los paramilitares, lo hizo un virus letal: el pasado 15 de diciembre murió en un centro asistencial, rodeado de sus seres queridos. Su doloroso deceso es, sin duda alguna, una consecuencia cruel de la guerra que padece esta “ciudad de ensueño”. Así algunos no lo admitan, este conflicto también mata de pena moral.
A John Alexander Pulgarín lo conocí hace poco más de dos años. Valiente, comprometido y arriesgado. Nació, vivió y trabajó en la comuna 8 de Medellín, en el oriente de la ciudad. Denunció las amenazas paramilitares posteriores a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (noviembre de 2003) y Héroes de Granada (agosto de 2005) en su barrio. Persistió en señalar que los reinsertados continuaban con sus estrategias de control social y territorial, a través de las cuales se vulneraban los derechos de los pobladores, pero no tuvo mucho eco.
En el segundo semestre del 2008, Pulgarín se convirtió en uno de los testigos del proceso penal adelantado contra John William López Echavarría, alias ‘Memín’, reinsertado del bloque Cacique Nutibara, quien en sus años de desmovilizado trasegó entre la legalidad y la ilegalidad hasta cuando fue capturado el 16 de mayo de 2008. Tras un juicio trágico, que dejó cuatro testigos de la Fiscalía muertos, fue sentenciado a 23 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.
Militante del Polo Democrático, líder barrial, integrante del grupo de trabajo de la miembro activo de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y fundador de la Corporación Construcción Ciudadana, John Alexander estuvo presto a proponer salidas civilistas a partir del reconocimiento del conflicto armado, pero ese tipo de ideas, en una “ciudad de ensueño” como Medellín, son mal recibidas. Este hombre murió asesinado en las calles del barrio Las Estancias, el pasado domingo en las horas de la tarde. Dos hombres le propinaron seis disparos en la cara.
El paramilitarismo en Medellín, así como en diversas regiones del departamento y el país está activo. Si bien la lucha de estos grupos armados ilegales no tienen como objetivo de su acción las milicias urbanas de la guerrilla, porque ya fueron derrotadas, actualmente tienen en su mira a todos aquellos líderes barriales que desde una perspectiva comunitaria reivindican los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Esos siguen siendo sus “enemigos”.
No nos podemos seguir diciendo mentiras. No podemos seguir construyendo imágenes urbanas irreales que lo que generan es una profunda indolencia ciudadana. Me apena insistir, pero esa imagen de “ciudad de ensueño” que plantean de Medellín es falsa. La realidad en la calle se está acercando más a una pesadilla. Las muertes de Jorge y de Alexander así lo evidencian. Paz en sus tumbas.
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