Guerra importada

Guerra importada

Fabio Villegas Botero

Hace 15 días, hablando sobre la paz, decía que “Colombia ha emprendido dos guerras inducidas del exterior y con presupuestos falsos”. La primera al narcotráfico. Es una guerra que nos impusieron los EEUU., como lo proclama el New York Times citado por el editorial de El Mundo el pasado martes: “Lo que es claro es que la guerra contra las droga, la guerra original sin límites contra un enemigo evasivo y difícil de definir, ha avanzado inexorablemente, impulsada por décadas de apoyo político persistente en ambos lados de los pasillos del Congreso”, de USA. Es, pues, una guerra que se le impuso a Colombia desde el exterior, con parámetros diseñados desde fuera, financiada con miles de millones de dólares, con armas, aun químicas, en parte extranjeras, con personal militar también en parte extranjero, con entrega de prisioneros al extranjero, pero con víctimas todas colombianas.

Lo primero que se puede decir es que es una guerra improcedente, sin justificación. De lo que se puede tratar es de reprimir un delito similar al contrabando o a la producción ilegal de artículos nocivos a la salud, como el alcohol, el tabaco y análogos, si es que así lo hubiera determinado previamente la legislación del país. Es, a lo sumo, un hecho policivo, no militar. Se debe decomisar el artículo ilícito y detener al delincuente, que luego debe ir a los estrados judiciales para recibir la sentencia condenatoria, si se le prueba la comisión del delito y de acuerdo a las normas del código penal. La pena de destierro está absolutamente prohibida por la Constitución. ¿Será que la extradición, que sería una pena máxima, se puede dar en tal caso sin un juicio y una condena previa del delincuente, máxime si no está contemplada en el código penal como la apropiada para su delito? Es que no se trata de una guerra donde se enfrentan dos ejércitos y los militares pueden hasta dar muerte al enemigo en el fragor de la batalla, respetando, no obstante, las normas del derecho de guerra y las del derecho internacional humanitario.

Se habla de liberalización de este tipo de drogas y el mismo editorial del Mundo concluye que “En Colombia aceptaríamos complacidos la liberalización”. No creo que se deba llegar al extremo de “eliminar los controles” como propone Friedman. Me atrevo a insinuar un posible camino. Hay que partir del presupuesto de que mientras haya demanda (y nunca dejará de haberla, aunque sí disminuir), es imposible acabar con la producción, elaboración y venta. ¿Qué han hecho los gobiernos de todo el mundo con otros artículos similares a lo largo de la historia? Convertirlos, como los licores, los juegos de azar y las armas, en monopolio del Estado, o controlar de manera especial su producción y comercialización por medio de los particulares como se hace con el tabaco y otras drogas que se utilizan en la medicina. Sería un negocio rentable, pero controlado suficientemente, y el comercio internacional se regularía mediante convenios con los diferentes gobiernos o, de pronto, en el ámbito de la OMC. Un tratamiento serio y responsable de parte de los gobiernos donde se produce y de los que se exporta la droga, hará que los precios se regulen, y solo quedará la acción policiva para evitar la producción ilegal (como la tapetusa, que ya es marginal), y el contrabando, que se disminuiría notablemente. El Mundo propone que la legalización parta de los EEUU. que siempre se han opuesto. Si se les propone algo menos oneroso que el Plan Colombia, bastante ineficiente y que cada vez desgasta más su imagen, quizás sea un camino adecuado para que lo acepten.

"Soplándonos" cien mil hectáreas cada año

"Soplándonos" cien mil hectáreas cada año

Por Diego Fernando Gómez

Qué tristeza y qué rabia que lo que haya terminado haciendo la humanidad con el actual esquema de lucha contra el narcotráfico es montando un máquina que arrasa con cien mil hectáreas de selva virgen al año, muchas de ellas en parques naturales. Los datos sólo consideran lo referente al consumo de cocaína en Colombia, sin contar los efectos en otros países y con otras drogas ilícitas. El daño es simplemente irreparable y la recuperación que se logre tardará décadas. ¿Resistirá el mundo una década más de esta masacre ambiental? ¿Sí son conscientes los consumidores de los efectos que terminaron generando?

Desde el emergimiento de las culturas, la humanidad ha buscado construir un ideal de comportamiento idealizado desde el poder imperante. Todos aquellos comportamientos considerados inadecuados dentro del imaginario de virtud fueron proscritos y casi siempre prohibidos. Eso ocurrió por ejemplo con la segunda profesión más antigua del mundo, la prostitución. Sólo que se convirtió en un negocio turbio y sórdido porque el acontecimiento previo fue que a la profesión más antigua del mundo, el sacerdocio, se le ocurrió prohibirla y convertirla en un negocio de delincuentes e infractores.

Desde ese entonces muchas de las actividades de diversión licenciosa: alcohol, drogas, bares, garitos, prostíbulos fueron proscritas y prohibidas en diferentes épocas. Desde la conformación de las primeras ciudades se segregaron en sectores específicos donde se les toleraba o alcanzaban tal poder que no se les podía erradicar. Se crearon también de manera simultánea las mafias y bandas dispuestas a manejarlas. Desde hace milenios esto ha sido más que una realidad un monumento a la hipocresía y la doble moral de las sociedades, especialmente las judeocristianas.

El asunto desde la perspectiva del realismo socioeconómico es que se constituyen las estructuras de mercado que sean requeridas para atender las necesidades, placeres y ociosidades que una comunidad demande. Si se prohíben, las atienden delincuentes, si no, se atienden de manera legal y con los instrumentos de control adecuados. Algo tan evidente era soportable cuando se trataba de prostitución, garitos o ventas de contrabandos menores. Cuando se trata de negocios que empiezan a mover cantidades enormes de dinero, como el licor, o ahora las drogas, pretender mantener la prohibición genera estructuras criminales con gran poder de desestabilización. Eso le ocurre a Colombia y los conflictos internos transmutaron para convertirse en la guerra por el control de territorios de cultivo y procesamiento de droga. Una guerra trashumante que arrasa cien mil hectáreas de selva virgen al año.

¿Qué tal una zona de tolerancia para la siembra, procesamiento y despacho del alcaloide a los mercados de consumo? Esto necesariamente tendría un impacto sobre los primeros eslabones del de la cadena del narcotráfico. Al desaparecer el riesgo de esta actividad, el plus que recibe como premio al crimen se hace innecesario. Simplemente no habría aliciente económico. Los ejércitos paracos que manejan territorios ilícitos y el negocio que les bombea cantidades fantásticas de dinero a las Farc se debilitaría de manera severa y los mexicanos, españoles, brasileños... simplemente les comprarían su mercancía a los "empresarios" de la famosa zona que tendrían unas ganancias "adecuadas".

¿Qué haría la comunidad internacional? ¿Sí sería manejable esto dentro de la legalidad? Las zonas de tolerancia pocas veces son aprobadas o establecidas de manera cierta. La mayoría de las ocasiones es un "pacto del diablo", no expresado pero sí aceptado entre la autoridad, que simplemente opta por no ejercerse, y el crimen, que respeta sus límites. Lo irónico es que resulta siendo un espacio de insensatez que compensa otra insensatez, la de crear un negocio ilícito con alto poder destructivo al prohibir la actividad.