Drogas: realidad y ficción

Por: Klaus Ziegler
En su columna del domingo, Héctor Abad, buscando un compromiso razonable entre los defensores de la dosis personal y los prohibicionistas, propone que se permita el porte de la dosis mínima pero que se prohiba su consumo en lugares públicos.
Su propuesta, aunque conciliadora, no resuelve el problema de fondo. Héctor tiene razón cuando señala que la discusión está en saber cómo limitar las libertades individuales cuando éstas se convierten en un problema social.

Pero su análisis no tiene en cuenta que, por encima de otras consideraciones, es el peligro que cada droga representa para el usuario y la sociedad lo que determina su control o prohibición. Es obvio que ni el más tolerante permitiría el porte de una dosis personal de ántrax —sin importar cuál sea su propósito— y sólo un fanático prohibiría el consumo de té o café.

Con el fin de diseñar políticas racionales para el manejo de las drogas, el comité asesor del gobierno británico sobre el abuso de drogas, bajo la dirección del neurólogo y farmacólogo David Nutt, estableció una escala para clasificar los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta el daño físico, el potencial de adicción y los perjuicios causados a la sociedad.

Las conclusiones, publicadas en la revista médica The Lancet, mostraron que las drogas más peligrosas son la heroína, la cocaína y el crack, seguidas por los barbitúricos, el opio y la metadona. El alcohol ocupó el quinto lugar y el tabaco el noveno, por delante del LSD y la marihuana. Nutt y su equipo responsabilizaron al tabaco de causar más del 40% de los males tratados regularmente en los hospitales, y al alcohol, por más de la mitad de las visitas a las salas de urgencias, además de ser la primera causa de muertes violentas.

La reacción oficial no se hizo esperar: Nutt, que se había convertido en una piedra en el zapato por su costumbre de hacer públicas verdades desagradables, fue despedido por su “incapacidad para dar recomendaciones imparciales”.

Lo ocurrido deja ver que las políticas prohibicionistas, lejos de obedecer a decisiones racionales, corresponden a intereses de políticos y grupos económicos (como las tabacaleras, que durante décadas engañaron al mundo con información falsa sobre los efectos nocivos del tabaco) y están motivadas por prejuicios arraigados en la sociedad, que hacen que no veamos con malos ojos a quien fume o beba en público, pero que consideremos un degenerado a todo el que sin tapujos consuma una droga ilegal.